A cinco meses de las elecciones, cuando los políticos madrileños están calentando motores para el 22 de mayo, la FAPE ha alzado la voz para volver a denunciar la posición de los bloques electorales. Afirman que la reforma electoral, que será una realidad si finalmente la aprueba el Senado, ‘podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución al obligar a las cadenas privadas a dedicar espacios a la propaganda política bajo los mismos criterios de procionalidad y neutralidad que ya peran en las públicas’.
Así se recoge en un informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, órgano de carácter independiente, que muestra su rechazo al este ‘nuevo intento de poner límites al periodismo’, además establece diferencias entre las funciones de los medios de comunicación públicos y privados, de acuerdo a su naturaleza jurídica.
En este sentido, destacan que los ‘medios privados, su interés económico general, no tienen función de servicio público esencial y tanto no se les puede exigir la gratuidad de estas emisiones electorales’, que consideran que vulneraría el artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de información. Por lo que la FAPE considera que el intento de ‘convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias constituye un grave atropello profesional’.
Asismo, destacan que la aprobación de esa reforma es ‘un claro empeño de de anular la profesión periodística’, y destaca que ya es suficiente desprecio para la profesión las ruedas de prensa sin preguntas, los productos enlatados, las restricciones de acceso a los mítines de campaña … Por todo ello piden el rechazo unáne a ‘toda información producida bajo la cuestionable deontología periodística de los partidos políticos, y apela a la responsabilidad de las empresas informativas para apoyar a sus trabajadores en la defensa de su derecho a informar en libertad’.
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