19/04/2011 PRLATAM 115.942 SUSCRIPTORES La Fiscalía colombiana anunció que no continuará la investigación del asesinato hace veinte años de dos periodistas de El Espectador que los asesinos, guerrilleros del ELN, ‘ya están muertos’. La SIP mostró preocupación la prescripción de los crímenes.
Tras el anuncio de la Fiscalía, el director de El Espectador, Fidel Cano, catalogó la decisión de punidad y aseguró que ‘el problema no es de tiempo, que 20 años son suficientes para investigar; el problema es la ineficacia de la justicia colombiana’, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa urgió a las autoridades colombianas adoptar medidas para evitar que los asesinatos de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres queden punes.
‘Vemos con consternación como la prescripción de los delitos nutre el círculo vicioso de la punidad, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP , quien se mostró ‘esperanzado de que las autoridades puedan adoptar medidas adecuadas para prevenir que éstos y otros casos se transformen en una mancha borrable para la libertad de prensa en el país’.
Julio Daniel Chaparro, periodista de 29 años, y Jorge Enrique Torres, fotógrafo de 39 años, del diario El Espectador, fueron asesinados el 24 de abril de 1991. ‘Sus casos –indicó la SIP prescribirán esta semana tras 20 años en la punidad, pese a una reforma aprobada el Congreso el 29 de diciembre pasado, que amplió de 20 a 30 años los plazos de prescripción, ya que la ley no tiene carácter retroactivo’, señaló.
La organización recordó que además de los casos de Chaparro y Torres, este año se cumplen 20 años de los asesinatos de los periodistas Carlos Julio Rodríguez, José Libardo Méndez, Arsenio Hoyos Lozano y Rafael Solano Rochero. Para evitar la prescripción, las autoridades podrían declarar los homicidios como delitos de lesa humanidad, una petición realizada las organizaciones locales para la libertad de prensa y a la que se sumó la SIP, a través del presidente de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard.
Al momento de sus muertes, Chaparro y Torres estaban investigando las consecuencias de la ‘Masacre de Segovia’, en el departamento de Antioquia. En este hecho, ocurrido en 1988, los paramilitares asesinaron a 40 personas, lo que fue declarado como cren de lesa humanidad. La Justicia, sin embargo, explicó que los cuatro asesinos, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), murieron en combates contra las autoridades. ‘Tres en el año 2000 y el otro en 2002’ y que ‘no puede considerarse un delito de lesa humanidad que, si bien fue un hecho lamentable, no fue sistemático’.
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