20/04/2011 PRLATAM 115.942 SUSCRIPTORES prlatam continúa con el repaso países de la situación de la libertad de expresión en 2010. En el prer semestre del pasado año, las autoridades presentaron un total de 398 reclamos a Google para la elinación de contenidos. Brasil encabezó esta lista de peticiones al buscador, doblando al siguiente país: Libia. Este es sólo un ejemplo de cómo ha aumentado en el país carioca la tendencia a la censura puesta desde los tribunales.Ç
Brasil ocupa el puesto 58 en la clasificación mundial de libertad de expresión elaborada Reteros Sin Fronteras (RSF) en 2010. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) indicó en su informe anual que ‘los jueces regionales prohibieron que decenas de medios informaran sobre algunos de los más tantes temas de actualidad’, como las elecciones o la gestión gubernamental. Una resolución judicial pidió al diario O Estado de S.Paulo informar sobre una investigación acerca de un caso de corrupción que involucraba a la familia del presidente del Senado, José Say. El juez Dácio Vieira inhibió a O Estado para continuar con su labor informativa y aseveró que el diario sería multado con 150.000 reales (88.000 dólares estadounidenses) cada nota publicada sobre el caso. Asismo, en el mes de mayo un tribunal civil del estado de Sao Paulo ordenó que Diário do Grande ABC detuviera la publicación de notas sobre supuestos casos de mal manejo de insumos para escuelas públicas luego de que el alcalde de São Bernardo do Campo afirmara que el periódico estaba dañando su reputación.
La libertad de expresión en Latinoamérica países:
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En septiembre, un tribunal electoral en el estado de Mato Grosso prohibió al grupo de medios Gazeta Comunicação divulgar notas sobre la posición tomada el diputado Carlos Abicalil en relación al aborto. Ese mismo mes, una corte electoral en el estado de Tocantins prohibió que 84 medios, incluyendo a O Estado de S. Paulo, publicaran y emitieran informes sobre una investigación penal que involucraba al gobernador Carlos Gagu. Un tribunal superior anuló la decisión, pero varias órdenes de censura seguían en vigencia. Según el CPJ, en los últos años, empresarios, políticos y funcionarios públicos han presentado cientos de demandas alegando que medios críticos ofendían su honor o invadían su privacidad. El Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Textas registró 21 casos de censura judicial en las semanas precedentes a los comicios presidenciales de octubre.
Anticipándose a las elecciones, el Supremo Tribunal Federal derogó en agosto la prohibición de ‘trucar, montar o usar cualquier otro recurso de audio o vídeo que de alguna forma pudiese degradar o ridiculizar a algún candidato, partido o coalición’, permitiendo el uso de caricaturas y demás expresiones humorísticas. Durante la campaña electoral, la que se convertiría en presidenta del país, Dilma Rousseff, mantuvo una relación polémica con la prensa. Lula acusó a los medios de mostrar parcialidad contra su protegida. Tras su victoria, Rousseff se comprometió a garantizar la libertad de expresión.
Más allá de los casos de censura judicial, un retero provincial murió en represalia su labor informativa, mientras que otros periodistas y trabajadores de medios del interior del país sufrieron ataques cuando informaron sobre política y corrupción local. RSF considera en su informe que ‘a pesar del auge económico y de su emergencia en el panorama internacional, Brasil es un lugar de riesgo para el ejercicio de la profesión periodística’. Francisco Gomes de Medeiros, director de noticias de Radio Caicó, murió de un disparo. En mayo, tres atacantes encapuchados secuestraron y torturaron a Gilvan Luiz Pereira, director y editor de Sem Nome, un semanario conocido su cobertura informativa crítica del gobierno local en Juazeiro do Norte, estado de Ceará. RSF recoge también en su informe el asesinato del propietario del Jornal Popular News, Wanderley dos Reis, y de José Rubem Pontes de Souza, presidente de EntreRios Jornal, aunque no los incluye en su lista no haberse probado que su muerte está directamente relacionada con el ejercicio de la profesión. Un paso tante en la lucha contra la punidad fueron las condenas a tres miembros de la policía militar y a un empresario la muerte en 2007 del retero Luiz Carlos Barbon Filho, así como la detención a finales de año de Eliseu Felício de Souza, asesino del periodista de TV Globo T Lopes, muerto en 2002.
Otro aspecto positivo fue el avance en transparencia gubernamental logrado en abril la Cámara de Diputados con la aprobación de un proyecto de ley sobre acceso a la información pública que garantiza el acceso a los ciudadanos a información sobre las instituciones como presupuestos, salarios, dotación de personal, e informes internos. La ley estaba pendiente de su aprobación en el Senado a finales de año. En el otro lado de la balanza, el gobierno elaboró un proyecto de ley para regular intet que generó preocupación entre blogueros y defensores de la libertad de prensa. El borrador inicial para un nuevo ‘Marco de Derechos Civiles para Intet en Brasil’ restringía, según los expertos, la cobertura informativa digital. En una de las secciones más controvertidas del borrador del proyecto, los servidores de intet podrían ser responsables del contenido de sus usuarios si no lo elinaren de modo inmediato tras recibir la notificación sobre un reclamo presentado un tercero. El Ministerio de Justicia revisó la cláusula en respuesta a las críticas y la modificó haciendo que los servidores fuesen sólo responsables en los casos en que no cumplieran con una orden judicial directa para que el contenido sea elinado. El proyecto estaba siendo preparado para su presentación en el Congreso a finales de 2010.
Seguiremos informando…
