Esta organización registró el pasado año dos informadores muertos en el país causas profesionales, mientras que el CPJ detalla uno. En marzo, tras cuatro años de amenazas, fue asesinado Clodomiro Castilla Ospina, director de la revista El Pulso del Tiempo y redactor de la emisora La Voz de Montería. La FLIP afirma que ‘el gobierno había brindado protección a Castilla durante unos tres años debido a las amenazas en su contra, pero el Ministerio del Interior retiró la escolta en 2009 basándose en una revisión de inteligencia al señalar que ya no estaba bajo amenaza’. Álvaro Uribe condenó el asesinato de Castilla y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (26.000 dólares estadounidenses).
La libertad de expresión en Latinoamérica países:
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En abril fue asesinado Mauricio Medina Moreno, director de la emisora indígena CRIT 98.0 FM Estéreo, cuya muerte se atribuyó a motivos ‘pasionales’, y en octubre Rodolfo Maya Aricape, periodista de la también indígena Radio Payumat. ‘Las amenazas contra los periodistas no cesan en Colombia’, dice RSF en su informe. En agosto, un hombre armado efectuó al menos cinco disparos contra el periodista Marco Tulio Valencia quien salió ileso y dijo que había recibido numerosas amenazas de muerte vinculadas con su labor informativa sobre el narcotráfico en Tola. El CPJ señala, además, que cuatro informadores fueron obligados a exiliarse amenazas. Y es que los grupos paramilitares de derecha, la guerrilla de izquierda y los narcotraficantes siguieron apuntando contra periodistas, enviando panfletos amenazantes a sus redacciones y hogares. Asismo, la inseguridad en el interior del país pulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recomendar, en abril, al gobierno colombiano que brindara protección al periodista Ricardo Callejas Bedoya y a su familia. Callejas había trabajado para Radio Fresno y el periódico Región del Día sobre casos de narcotráfico, corrupción gubernamental, proyectos de minería ilegales y financiamiento de los paramilitares.
El CPJ considera que Álvaro Uribe finalizó sus dos mandatos presidenciales el pasado año ‘con un historial decididamente desigual en materia de libertad de prensa’, con catorce reteros fallecidos en ocho años, y añade que tras dejar el cargo ‘la prensa continuó trabajando en un cla de violencia extrema’. Juan Manuel Santos asumió la presidencia el 20 de junio y en su discurso prometió continuar con las políticas de seguridad del anterior gobierno. Según el CPJ, la carrera de Santos como periodista, fue subdirector del diario El Tiempo, propiedad de su familia, ‘llevó a la prensa local a creer que las tensiones entre el gobierno y los medios podrían aplacarse’. Sin embargo, según este Comité, ‘los periodistas continúan siendo amenazados todos los actores del conflicto civil y muchos afirmaron que sobrevivieron que pusieron en práctica la autocensura’.
Los casos de espionaje ilegal a periodistas parte del ejecutivo fueron el tema central de los informes referentes a la libertad de prensa en el país de RSF y CPJ. Reteros explica que ‘la Procuraduría General de la Nación acusaba, en febrero, directamente a cuatro ex altos cargos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como al Secretario General de la Preidencia de la República, Bernardo Moreno’ de las escuchas ilegales o ‘chuzadas’ contra opositores y ‘periodistas molestos’, entre los que se encontraban Hollman Morris y Claudia Julieta Duque o el director para las Américas de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco.
Según expone RSF, en octubre ‘se dictaron sanciones disciplinarias contra nueve funcionarios’, entre ellos Bernardo Moreno, y se ‘informaba sobre la apertura de un procediento en la Cámara de Representantes para permitir interrogar al ex presidente Uribe su supuesta plicación’. No obstante, el CPJ concluye que ‘a pesar de las promesas públicas del presidente Uribe (realizadas en mayo ante una misión de la FLIP y del CPJ) de enjuiciar a los responsables del espionaje, las investigaciones han obtenido pocos resultados tangibles. Solamente dos condenas se habían registrado a fines de año’. Además, en noviembre, la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado huyó a Panamá, donde recibió asilo político. Hurtado negó su participación en el espionaje y dijo haber sido un chivo expiatorio.
Las acusaciones de injuria y calumnia a periodistas también se repitieron en 2010. En julio, periodistas de las emisoras Violeta Stéreo y La voz de Yopal se manifestaban, con la boca amordazada, en solidaridad con ocho de sus colegas que se enfrentan a estas acusaciones una demanda interpuesta el gobernador de Casanare, Raúl Flórez.
En agosto, un coche bomba explotó en las inmediaciones de las oficinas de Caracol Radio y de la agencia española EFE, provocando daños materiales e hiriendo a varias personas. Tres semanas después, la policía desactivó un artefacto explosivo frente a la emisora local Linda Estéreo, asociada a Radio Caracol en la ciudad de Doncello. La policía local responsabilizó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del fallido ataque, si bien Luis Antonio Peralta, director de noticias de Linda Estéreo, desestó la participación de las FARC en el atentado y afirmó que sus informaciones sobre casos de corrupción a nivel local lo habrían motivado.
En septiembre, se emitió una orden de arresto contra el ex periodista de Telesur William Parra supuesta vinculación a las FARC. En ese mismo mes, el fiscal que emprendió las diligencias contra Parra fue declarado incompetente y relevado de sus funciones. Como aspecto positivo en materia de libertad de expresión, RSF destaca en su rete ‘el avance de la investigación sobre el homicidio del periodista Jae Garzón, ocurrido hace más de diez años’, en el que fue inculpado el ex funcionario del Servicio Nacional de inteligencia colombiano José Miguel Narváez, aunque el caso continuaba abierto a finales de año.
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