Durante esta mañana se han estado debatiendo las enmiendas presentadas los diferentes grupos parlamentarios a la reforma de la Ley Audiovisual. Tanto el PSOE como Izquierda Popular se han mostrado totalmente en contra de la privatización de los canales autonómicos. Los socialistas han presentado una enmienda en la que se pedía que al menos un canal fuera de titularidad pública. El PP ha tumbado las enmiendas de los demás grupos y ha sacado adelante el proyecto de Ley.
El PSOE ha presentado una enmienda exigiendo que al menos un canal de cada Comunidad Autónoma continuara siendo de titularidad pública, para que no todos los canales puedan ser explotados gestores privados. José Luis Gordo, diputado del PSOE, ha explicado que ‘la privatización lleva a un camino irreversible’, ya que no se pueden volver a construir unas televisiones públicas autonómicas entre otras cosas que no quedaría espacio radioeléctrico libre. En opinión del PSOE, ‘el PP quiere dar a los Gobiernos un balón de oxígeno para aplicar ERE’ en las televisiones autonómicas.
Por otro lado ha propuesto en otra enmienda la posibilidad de que las cadenas puedan presentar al órgano competente de la comunidad autónoma una solicitud de atación extraordinaria para cubrir el déficit o un incremento de ingresos para los dos ejercicios siguientes ‘como máxo igual a la pérdida o el déficit generado’.
Irene Lozano, diputada de UPyD se ha mostrado a favor de reducir el excesivo número de televisiones autonómicas y de pedir que estas cadenas puedan sobrepujar derechos audiovisuales compitiendo con las televisiones privadas.
Desde Izquierda Popular, Jesús Yuste ha manifestado su resistencia a la privatización de las autonómicas. ‘Con la excusa de la crisis económica se quieren entregar las autonomías a los operadores privados’ ha dicho. En su opinión, con la privatización no se garantiza ni el servicio público ni el pluralismo lingüístico. Se reclama además un compromiso de producción propia parte de estas televisiones.
Desde CiU han presentado dos enmiendas parciales al proyecto de Ley para suprir o modificar la obligación de que las televisiones autonómicas tengan un límite máxo de gasto. Ambos textos hacen referencia al apartado del proyecto de Ley que se refiere al cumpliento de la Ley presupuestaria. ‘No se puede bajo el paraguas de la crisis invadir las competencias de las comunidades’ decían los representantes de CiU. Se han mostrado a favor de que sean las autonomías las que decidan con libertad si quieren o no privatizar sus televisiones.
Por su parte, la diputada del PP, Belén Bajo, ha defendido que el hecho de que las autonómicas puedan decidir si se privatizan o no ‘ahonda más en la autonomía y no en el centralismo’. Por otro lado, ha destacado las deudas que han dejado algunas autonómicas como la TVG, que tenía 42 millones de euros de deuda cuando llegó el PP al poder, y la catalana TV3, de la que el Gobierno de Cataluña tuvo que asumir los 1.000 millones de deuda que acumulaba. Ramón Moreno ha insistido en que esta Ley mejorará la capacidad de gestión.
ERC ha insistido en la presencia de las lenguas distintas al castellano en las cadenas de televisión y el PNV ha presentado una iniciativa en la que propone que el Estado garantice la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en aquellas comunidades autónomas que decidan prescindir de gestionar sus propios canales.
Estas enmiendas han sido rechazadas el PP.
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