El IDIS se posiciona ante el procedimiento de sanción abierto a España por el IVA sanitario

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Tras conocerse el procediento de sanción abierto la Unión Europea contra España la aplicación de la directiva del IVA reducido (10%) sobre productos sanitarios como el material, equipos médicos o el instrumental, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y las empresas miembros de su Patronato quieren poner de manifiesto que la aplicación de un IVA normal (21%) supondría una pérdida para las empresas sanitarias próxa al 15% de su Ebidta (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization beneficio antes de intereses, puestos, depreciaciones y amortizaciones). En este sentido, cabe destacar que los servicios de asistencia sanitaria se facturan exentos de IVA, lo que los proveedores sanitarios privados no tienen capacidad de repercutir dicha subida en pacientes o aseguradoras, debiendo asumirlo completo. Esta medida, conformaría sin duda un nuevo obstáculo en el camino hacía la sostenibilidad global de nuestro sistema nacional de salud.

 

 

De esta manera, el IDIS considera que:

1. La caída antes citada del 15% del Ebidta, producirá una consecuente caída también de los beneficios en las empresas, que puede rozar el 5%. Esta nueva medida puede provocar que este margen de beneficio disminuya en un 20%, de modo que esta medida solo contribuirá a inyectar más presión sobre los ajustados márgenes de un sector que contribuye a descargar de forma notable a un sistema público ya de sí desbordado, lo que dificultará la renovación de equipos, la contratación de personal y las inversiones en innovación e I+D entre otras.

 

2. El sector privado supone un aliado estratégico para el sector público a la hora de contribuir a mantener la sostenibilidad del sistema sanitario en nuestro país. Es este motivo, el que debe ser apoyado y respaldado, puesto que se trata de un sector que ata valor y está manteniendo su actividad a pesar de la crisis. La disminución en el número de conciertos, sobre todo en provincias, está produciendo una disminución en la facturación que en algunos centros es del 30%, poniendo en situación de peligro la solvencia de muchos hospitales y con ello, el equilibrio sanitario.

 

3. Este nuevo ajuste ejercería sobre el sector privado una presión insotable dado que la medida plica una pérdida sensible de su facturación total, en una situación ya complicada que se ha acrecentado con la crisis económica. A todo ello se une la precaria situación que están sufriendo muchos centros que han visto reducidos de manera significativa los conciertos con la administración pública. Con todo, es fácil concluir que se podría comprometer la viabilidad de la red hospitalaria privada con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto.

 

4. El sector sanitario privado es generador de empleo: 253.000 profesionales (56.281 de ellos médicos) desarrollan su actividad en esta parcela de la sanidad bien en el ámbito hospitalario o bien en el extrahospitalario. La puesta en marcha de este reajuste del IVA pondría en riesgo buena parte de estos puestos de trabajo, muchos de ellos altamente cualificados.

 

5. El IDIS, como mayor representante del sector sanitario privado, siempre ha ofrecido los servicios de sus representados para que en la medida de sus posibilidades ayude en todo lo que el Gobierno crea que pueda atar, tanto para garantizar la cobertura de la cartera de servicios básica a toda la población como para dar la mayor cobertura complementaria posible, en favor de seguir teniendo un sistema sanitario con los estándares más altos de calidad y excelencia.

 

6. El sector sanitario privado es una pieza fundamental para el sistema sanitario de nuestro país y para el sosteniento del sistema sanitario público, ya que le libera de recursos y gastos. Dado el modelo de seguro sanitario privado en España (seguro duplicado), los siete millones de asegurados con pólizas privadas en nuestro país disponen también de cobertura sanitaria pública, si bien la utilizan menos o no utilizan, lo que puede considerarse una subvención oculta para el sistema público.

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