El consejero de salud de las Islas Baleares, Martí Sansaloni, ha acordado destituir al gerente del Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, las irregularidades que ha desvelado la investigación derivada tras la muerte tuberculosis del inmigrante de origen senegalés Alpha Pam.
Estas irregularidades se entienden en la aplicación de los Reales Decretos 16/2012 y 1192/2012 y en los criterios enviados el IbSalut, como es la emisión de compromisos de pagos, uno de los cuales firmado el propio Pam.
Así lo ha indicado Sansaloni, acompañado el director general del Servicio de Salud, Miquel Tomás. En rueda de prensa, Miquel ha informado sobre las conclusiones de la investigación y ha revelado también que instará a la apertura de tres expedientes disciplinarios a la coordinadora de Admisión, al enfermero que hizo el ‘triaje’ y la doctora del Hospital de Inca que lo atendió.
Por su parte, Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Familia (SEMFYC) consideran que no es la mala praxis de los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la posición de una legislación que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública.
Ambos colectivos defienden la presión que recibe tanto el personal sanitario como el de admisión del Sistema Público de Salud para aplicar estrictamente la normativa y aun a pesar de ello, sabemos que muchos están decididos a atender a las personas que lo necesiten. Por tanto, subrayan que ‘la solución no puede estar en crinalizar a las y los profesionales, sino en derogar una ley que más que ahorro, genera caos y enfermedad’.
Estos colectivos lamentan que la muerte de Alpha Pam ha destapado hasta qué punto una decisión legislativa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero su caso no es el único: las organizaciones que defendemos el derecho a la salud vemos cada día situaciones que podrían acabar de forma silar, que la normativa aprobada el año pasado ha supuesto la retirada de la tarjeta sanitaria a miles de personas, que ya no tienen un facultativo de referencia a quien acudir.
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