El próxo lunes, 18 de noviembre, y una vez que la empresa ha renunciado a recurrir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la sentencia es firme empezando desde ese día, y según reciban las correspondientes cartas, a reincorarse los 1.650 trabajadores afectados la resolución que anulaba el ERE. Además, los sindicatos preparan una propuesta para evitar que RTVV cierre y demuestran que, de producirse, se sumarían una serie de gastos, contratos firmados, de valor incalculable.
Muchas son las razones las que hay que luchar para mantener RTVV abierta pero algunas son las que los sindicatos preparan en una propuesta firme de viabilidad de RTVV, con intención de presentársela a la empresa, la cual se comprometerían a ajustarse a los 68 millones de euros que se establecen en el ‘contrato programa’ de la Generalitat para su financiación. Además, a este presupuesto habría que sumar los ingresos publicidad y patrocinio.
Los sindicatos no pierden la esperanza y ajustándose a este presupuesto han redactado una propuesta para ajustar todos los gastos y dejar la plantilla en 1.000 trabajadores. Además resaltan que, desde que empezó el conflicto, se ha facturado, gracias al aumento de la audiencia, un millón de euros en publicidad que, de emitir hasta después de la campaña navideña, se cifraría en tres millones más, es decir, pasaría de los seis previstos a diez millones de facturación.
Otros de los puntos tantes radica en que, según ha podido saber prnoticias, hay una serie de gastos que RTVV tendría que asumir pese a cerrar, como es el pago de los derechos de películas, firmados hasta 2019, dieciséis millones de euros que se tendrían que abonar. Tampoco pueden cerrar la red de emisiones, antenas y torres las que se distribuye la señal, ya que a través de ellas funcionan las comunicaciones de los servicios de emergencia de la Comunidad Valenciana.
Y, en la red de repetidores, tienen contratos con otros operadores a los que deberán indemnizar en caso de dejarles razones. Éstas son algunas de las razones puramente económicas a las que hay que unir las de servicio público y, supuesto, la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo.
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