Con los estrictos controles sanitarios, las escrupulosas leyes que regulan el modelo español de distribución del medicamento, y la firme vocación que caracteriza a los farmacéuticos de nuestro país, cualquiera podría pensar que llevar a cabo prácticas ilícitas desde cualquier punto de la cadena de comercialización de fármacos o desde la propia farmacia sin ser pillados constituiría una misión imposible. Nada más lejos de la realidad. En nuestro país existe un grupo de farmacias que no solo está haciendo tambalear la reputación y el trabajo de décadas de historia, sino que está engañando a los ciudadanos y poniendo en grave riesgo la salud pública.
Fraude a la seguridad social, fraude fiscal, publicidad engañosa o tráfico de medicamentos son algunas de las infracciones más graves de las que se les acusa. Pero además, este escándalo no sólo salpica a los propietarios de varios establecimientos repartidos por Madrid y Castilla-La Mancha. Nombres de figuras que pertenecen o han pertenecido a la plana mayor de la administración pública de nuestro país, médicos de Atención Primaria, propietarios de residencias de ancianos y mayoristas también estarían implicados.
Tanto las autoridades sanitarias como varios medios de Comunicación de nuestro país son conscientes de estas prácticas. Correos electrónicos en los que queda constancia manifiesta de los delitos, recetas de medicamentos que han sido prescritos a un paciente y entregados a otros, o facturas emitidas por laboratorios farmacéuticos en las que en la dirección de envío aparece un almacén ilegal son algunas de las pruebas aportadas. Sin embargo, tanto unos como otros han optado por mantenerse al margen. ¿Qué o quién les impide desmantelar la trama de corrupción? ¿Estamos hablando de conflictos de interés o incluso de sobornos para evitar que el escándalo ocupe las portadas de los medios de Comunicación?
Sea como sea, este caso seguro que levantará muchas ampollas. Si nos atenemos exclusivamente a lo que a tráfico inverso de medicamentos se refiere, las irregularidades en el proceso de circulación pude conllevar una pérdida de la garantía de calidad de esos medicamentos, por impedir su trazabilidad; un desabastecimiento de medicamentos en el país de origen,por su suministro discontinuo o irregular; el aumento de los desvíos de fármacos al mercado clandestino; y unos beneficios económicos ilícitos. El ciudadano debe ser consciente de ello y los medios de Comunicación tenemos el deber de cumplir con nuestra función de servicio público y ayudar a las autoridades a dar con los cabecillas que dirigen estas mafias.
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