Llamar “chorizo”, “mangante”, “sinvergüenza” y “gilipollas” a Pablo Iglesias va a costar caro a Alfonso Rojo, concretamente tendrá que pagar una multa de 20.000 euros. Así lo ha decidido un juez de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha interpretado que existe una “intromisión ilegítima al honor” en las palabras que el director de Periodista Digital vertió sobre el líder de Podemos en una de las intervenciones que compartieron en el programa de laSexta, laSexta Noche en el año 2014. La sentencia también hace referencia a la reiteración que el periodista hizo sobre sus declaraciones en días posteriores en el programa El Cascabel de 13 TV.
La multa emitida contra Alfonso Rojo no es la primera a la que tiene que enfrentarse un periodista o un medio de comunicación después de la denuncia de algún personaje reconocido. El último caso que hemos conocido tuvo lugar hace escasos veinte días cuando Artur Balder, documentalista y escritor fue condenado a indemnizar a Almudena Ariza, corresponsal de TVE en Nueva York, con 30.000 euros por fallar contra el honor de la periodista. El juez entendió que existió intromisión ilegítima al honor y argumentó que “la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto”, después de que Balder la llamara públicamente “corrupta”, “enchufada” y “pirata”.
Está a punto de cumplirse un año de la última condena a José María García. En esta ocasión el periodista tuvo que indemnizar con 12.000 euros a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Aunque inicialmente se le pidió una indemnización de 120.000 euros, después de tacharle de “corrupto”, “perverso” o “mala gente”, Audiencia Nacional rebajo la cantidad hasta los 12.000.
Otra de las multas más sonadas de los últimos tiempos ha sido la sanción conjunta a Eduardo García Serrano y al grupo Intereconomía después de que el periodista aprovechase una de sus intervenciones en El Gato al Agua –cuando todavía estaba presentado por Antonio Jiménez- y llamo “guarra”, “zorra” y “puerca” a Marina Geli, que en aquellos momentos era Consejera de Sanidad en la Generalitat de Cataluña. Tanto García Serrano como Intereconomía tuvieron que pagar más de 21.000 por estas declaraciones.
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