La decisión del gobierno de no sancionar al Grupo Wolkswagen por el escándalo de las emisiones de sus motores diésel en respuesta a las presiones del vicepresidente mundial de Volkswagen, Francisco García Sanz, al entonces Ministro de Industria, José Manuel Soria, con parar la producción en una de las fábricas del grupo en Navarra le saldrá caro al ejecutivo de Mariano Rajoy. Esta semana la Comisión Europea ha pedido explicaciones a España y otros 6 países por no haber multado a Volkswagen.
El fabricante de automóviles sigue luchando por restaurar su imagen y reputación tras el ‘dieselgate’ que estalló en septiembre de 2015. Según el mayor estudio internacional en la medición de la reputación, Rep Track de Reputation Institute, Con respecto a 2015 (75,0 puntos), Volkswagen perdió 13,7 puntos Pulse en su percepción global en su reputación, pasando de la 14ª posición a la 123ª en 2016 (61,3 puntos). La lucha de Volkswagen por mejorar su imagen y contra las sanciones han sido los máximos objetivos del equipo de comunicación del fabricante en España. Eva Vicente, directora de comunicación de la empresa en España sigue trabajando por restaurar la reputación de la marca. Para ello, desde Volkswagen no han dudado en sacar la billetera en más de una ocasión para intentar apaciguar a los medios de comunicación, como la campaña de publicidad que la empresa realizó en medio del escándalo en prensa escrita o la contratación de espacios como Herrera en Cope.
España había sido hasta la fecha uno de los pocos países donde el grupo automovilístico había salido “indemne” en la crisis del dieselgate, como se conoce al escándalo de las emisiones de los motores diésel. Las razones por las que el Gobierno no siguió los pasos de administraciones como la estadounidense de sancionar al fabricante no han sido del todo claras. Y es que curiosamente, en medio de la crisis el grupo alemán anunció la fabricación de un nuevo modelo en la fábrica de Navarra del Volkswagen Polo. Curiosamente esta decisión estratégica de apostar por España para la producción de este modelo de Volkswagen fue interpretado por muchos como la respuesta del Ministerio de Industria a no proseguir con la sanción por el escándalo de la modificación de los motores diésel. Esta información fue confirmada por El Español, que publicó las cartas amenazantes del vicepresidente mundial de Volkswagen, Francisco García Sanz, al entonces ministro José Manuel Soria con parar la producción del modelo.
Sin embargo, ha sido la Comisión Europea la que ha intermediado en esta decisión del gobierno español con el envío de una carta de notificación formal a los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, España y Luxemburgo por no haber aplicado las multas y penalizaciones que contemplan sus legislaciones nacionales para estos casos. Esta es una cuestión que muchos grupos de interés se preguntaban ante la pasividad de la administración española.
En su defensa, el Gobierno ha asegurado que en realidad el ejecutivo comenzó un procedimiento sancionador contra SEAT en julio, ya que había sido en una de las fábricas de SEAT donde se había producido motores manipulados pero este se detuvo poco después, cuando la Audiencia Nacional imputó a Volkswagen tras una querella del Sindicato Manos Limpias y de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen. SEAT admitió que algunos de los motores EA189 fueron fabricados en la planta de SEAT en Cataluña.
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