El Gobierno intenta asfixiar la estrategia de comunicación pro referéndum

El miércoles seis de septiembre, tras más de 10 horas de intenso debate y bronca parlamentaria, el Parlament de Cataluña aprobó la denominada “ley de transitoriedad jurídica”, comúnmente conocida como la ley del referéndum. De esa manera, el Gobierno catalán dio luz verde para la preparación de una consulta ciudadana para esclarecer qué Cataluña quieren los catalanes, la cual se llevará a cabo el 1 de octubre. Desde entonces se ha producido un choque de legitimidades donde unos y otros se amparan en la Democracia para justificar sus posturas.

Desde ese miércoles, los actores favorables al referéndum iniciaron su estrategia de comunicación, poniendo en marcha la maquinaria propagandística llamando a la participación en la consulta. Fue también, desde ese momento, que los distintos elementos del Gobierno Central persiguieron todas estas iniciativas en favor del “derecho a decidir”, con el ánimo de asfixiar la comunicación del procés. Desde distintas posturas se ha acusado al Gobierno de Rajoy de coartar libertades fundamentales en un Estado de Derecho, mientras que desde el mismo Gobierno, se acusa a los independentistas de dar un golpe a la democracia española.

Lo cierto es que para el ejecutivo de Rajoy se ha convertido en una prioridad torpedear cualquier intento de comunicación pro independentista, comenzando con el registro de imprentas y periódicos catalanes sospechosas de poseer material favorable al referéndum. Así, la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía, registró el pasado 9 de septiembre la redacción El Vallenc, semanario local de Valls (Tarragona), bajo la sospecha de preparar material para el referéndum catalán. Incluso el director de la publicación, Fransesc Fàbregas fue citado a declarar en comisaría por los presuntos delitos de los que se le acusaba.

Antes de este registro, la Guardia Civil ya había estado en la imprenta Indugraf, situada en Constantí (Tarragona). La motivación del registro fue el mismo, averiguar si en ambos espacios se estaba preparando cartelería, papeletas y demás material para la votación del 1-O. El Colegio de Periodistas de Cataluña se pronunció en Twitter en contra del registro, diciendo que “la información y el periodismo son derechos ciudadanos fundamentales para la democracia”.

Estos no han sido los únicos ejemplos. Este mismo viernes, cuatro imprentas de Barcelona, han sido registradas para confiscar material susceptible de ser utilizado con fines independentistas. De nuevo, eran carteles lo que buscaba principalmente la Guardia Civil, y ha sido en una Nave de la empresa Marc Martí, en Poblenou, donde los agentes los han encontrado. Un total de 100.000 carteles propagandísticos han sido requisados. Del mismo modo, los medios de comunicación Nació Digital, Vilaweb y El Punt Avui, han recibido notificaciones por haber difundido publicidad institucional favorable al referéndum.

Pero lo mencionado hasta ahora no ha sido lo único en lo que se han fijado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Al mismo tiempo que se sucedían los registros, también se han suspendían actos en los que el referéndum se encontraba como telón de fondo. La policía interrumpía, también este viernes, un acto en el que participaba la portavoz de la CUP Anna Gabriel, que se llevó a cabo en Vitoria, a pesar de que un juez lo declarara ilegal. Según los organizadores del acto, éste siguió adelante puesto que no habían recibido la notificación judicial que lo anulara, pero transcurridos 40 minutos la Policía Local lo suspendió definitivamente. Lo que la policía no pudo evitar fue que los asistentes se concentraran en una plaza mostrando papeletas al grito de independencia.

El Ayuntamiento de Gijón también ha prohibido una conferencia sobre Cataluña que iba a tener lugar en el Centro Municipal Integrado de El Llano este sábado. Al acto estaban invitados integrantes de la CUP y Catalunya en Comú, además del político Joan Tardá de ERC. El acto estaba organizado por la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr). Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón emitió un requerimiento en el que decía que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento” de lo enunciado por el Tribunal Constitucional, que el día 7 de septiembre anulaba la Ley del Parlament, y en dicho acto se pretendía dar apoyo a un acto que vulnera la ley, como es el referéndum catalán. Desde la fundación, sin embargo, declararon que el motivo de la charla era la de debatir de ideas políticas, donde “no se puede en forma alguna vulnerar providencia alguna del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del referéndum de Cataluña, básicamente porque en Asturias no está convocado dicho referéndum”, por lo que no puede ser un acto de campaña del mismo.

Del mismo modo quedó suspendido el acto del Matadero de Madrid para debatir sobre el derecho a decidir, sin embargo finalmente tuvo lugar en el Teatro del Barrio de Lavapiés, donde la afluencia de personal fue tan grande que no solo se ocuparon las 130 butacas del teatro, sino que cientos de personas se quedaron en la calle sin poder entrar. Los organizadores del acto, que desde el Gobierno se ha tildado como de apología al referéndum, han respondido que su objetivo no es la independencia de Cataluña, sino que defienden que “los ciudadanos de Cataluña decidan sobre su futuro”.

El intento por parte del Gobierno de asfixiar la estrategia de comunicación de los partidarios del referéndum no parece estar teniendo éxito, si el objetivo que se marca el gobierno es que no se hable del referéndum, a día de hoy aparece en las portadas de todos los periódicos. Este mismo domingo, el presidente de Assamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha liderado un acto de pegada de carteles en el centro de Barcelona, por el que ha pretendido “desafiar a la Fiscalía”, que desde su punto de vista está asumiendo “funciones absolutamente impropias”. Además de la pegada de carteles, han llevado a cabo una performance en la que distintas personas llevaban carteles en su cuerpo abogando por la consulta del 1-O, en un claro desafío al Tribunal Constitucional y la Fiscalía.

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