La izquierda valenciana se encuentra inmersa en un proceso de investigación por el que las autoridades policiales buscan esclarecer si el PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV) realizaron pagos a la agencia de comunicación Crespo Gomar que luego acabarían asumiendo terceros. La trama investigada sigue procedimientos similares a la Gürtel, es decir, la modificación de facturas para que los pagos que le correspondería pagar a las formaciones políticas en realidad las asumieran otras personas o entidades. Los hechos se enmarcan en las elecciones del 2007, por lo que los delitos electorales habrían prescrito, no así otros relacionados con la financiación ilegal.
De esta forma, los dos partidos se habrían financiado de manera irregular utilizando los servicios de Crespo Gomar, una consultora de Comunicación cuyo presidente fue Alberto Gomar, hijo del ex teniente de alcalde de Gandía, Antonio Gomar. La consultora también tuvo relación con el partido independiente Gent de Dénia, a través del hijo de Pepe Crespo, histórico dirigente de la formación. Pero Crespo Gomar también realizó servicios para ayuntamientos en manos del Partido Popular valenciano en Alicante. De hecho, ha sido el PP de Valencia quien ha entregado la documentación que ha permitido iniciar la investigación.
Según han publicado diversos medios de comunicación, la consultora Crespo Gomar le habría facturado al PSOE valenciano en el Ayuntamiento de Dénia más de 200.000 euros. Los delitos electorales que involucran al PSPV y a BLOC habrían prescritos, sin embargo, cuatro juzgados (uno en Gandía, uno en Benidorm y dos en Madrid) investigan si las formaciones políticas utilizaron a la consultora para financiarse ilegalmente.
Crespo Gomar se constituyó en el año 2001, y creció a la sombra de los socialistas valencianos, alcanzando su zenit entre los años 2003 y 2007, cuando se convirtió en una de las compañías más importantes del sector de la Comunicación en el levante. Llegó a albergar a 64 trabajadores. Su fin llegó cunado Ximo Puig, principal respaldo de la agencia, perdió en el Congreso del PSPV de 2008 ante Jorge Alarte, quien dejó de contratar a la consultora. Entonces, lo que salvó a la compañía de la desaparición fueron los casi tres millones de euros que la consultora recibió de mano de varios ministerios de José Luis Rodríguez Zapatero, quien asegura no conocer a la consultora apuntando que “el volumen de contratación de los ministerios es enorme”.
Entre otros nombres propios presentes alrededor de la trama, está el de José Ramón Tíller, director de Comunicación en la Diputación de Castellón y asesor de campaña de los socialistas valencianos, quien también trabajó para Crespo Gomar, y que ahora trabaja para la empresa pública Egevasa nombrado por el PSPV como responsable de Expansión. Tíller está señalado como uno de los supuestos conseguidores en la trama que investiga la presunta financiación ilegal de los socialistas.
Ahora, nuevas informaciones apuntan a que el asesor de Comunicación del PSPV, Enrique Pastor, adjudicó a la consultora un plan de comunicación por 234.700 euros. Estos hechos ponen de relieve la estrecha relación que existía entre los socialistas valencianos y la consultora de comunicación, ahora desaparecida.
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