El líder mundial de producción de aluminio Alcoa ha anunciado esta semana, prácticamente de la noche a la mañana, que cerrará dos de las fábricas que tiene en España. Se trata de los centros situados en Avilés y La Coruña, lo que ha supuesto un duro golpe para sus empleados y para las propias regiones afectadas. La compañía se reunió con los comités de empresa de las plantas españolas para comunicarles la noticia y, de cara al exterior, ha utilizado un comunicado; en el texto, indica que ambas plantas han provocado “pérdidas significativas en los últimos dos años” debido a la subida del precio de la luz y a que la tecnología que emplean impide que sean competitivas.
La reputación de la compañía ha quedado en entredicho, no sólo por parte de empleados y sindicatos, sino por las instituciones públicas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostraba ayer a Julia Otera su extrañeza por el repentino cierre de las dos plantas porque “en sus balances venían presentando beneficios” al tiempo que resaltaba que era una de las principales beneficiadas de las subvenciones convocadas en periodos anteriores; Ribera también afirmó que no se había realizado ningún anuncio previo y que ningún dirigente quiso hablar con las autoridades sobre el anuncio.
Esta sorpresa contrasta con la previsión que tenían los Comités de Empresa ante la convocatoria por parte de la compañia. Según relata La Nueva España, los representantes de los trabajadores acudían a la cita sospechando que habría ajustes y con un temor real al cierre. Aún con estas previsiones, los sindicatos han criticado el hermetismo y la falta de comunicación entre ambas partes tanto antes como después del anuncio.
Además, el cierre de las dos plantas se anunció el mismo día que la empresa comunicaba sus resultados trimestrales. El grupo estadounidense comunicó pérdidas por valor de 41 millones de euros en este periodo, cifra muy diferente a los 113 millones de beneficio obtenidos en el mismo periodo de 2017.
Vestas, el precedente para el Gobierno
Este es el segundo cierre inesperado con el que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez, el anterior fue en agosto. La multinacional danesa Vestas echaba el cierre de su planta en la localidad leonesa Villadangos del Páramo sin previo aviso. Así lo confirmaba, por aquel entonces,la ministra de industria, Reyes Maroto, quien calificaba de “inaceptable” la actitud de la compañía. En este caso, fueron más de 350 los trabajadores que se quedaron en la calle.
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