Hace un par de semanas, el Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pedía disculpas motu proprio por cómo había gestionado la institución el asunto de las hipotecas y afirmaba que las gestiones realizadas sobre su comunicación habían provocado de facto “una desconfianza indebida en el Alto Tribunal”. Hoy, tras la decisión tomada ayer por el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, parece que esa desconfianza en la Justicia española se ha disparado en buena parte de los estamentos de la sociedad.
Todo empezó el pasado 18 de octubre, cuando el Tribunal Supremo anunciaba un cambio en su jurisprudencia sobre quién debía pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La decisión fue alabada por la ciudadanía, mientras que la incertidumbre sobre su posible retroactividad golpeaba a la banca. Apenas un día después, el propio Tribunal Supremo suspendía el fallo y aplazaba la decisión final al pleno que comenzó el pasado lunes. Este cambio, en apenas 24 horas, ya trastocó notablemente la imagen de la institución y muchos entendieron este movimiento como una rendición de pleitesía al sector bancario.
Con miles de ciudadanos pendientes de la decisión de la Justicia, el lunes empezaba un pleno al que acudieron 28 magistrados para deliberar quién debía finalmente pagar el impuesto. Esta reunión se alargó y, tras quince horas, ayer martes se anunciaba que una votación igualada (15 votos a favor, por 13 en contra) provocaba echar atrás la sentencia para regresar a la jurisprudencia anterior. Esto es, el ciudadano deberá seguir pagando el impuesto.
Reacciones
El veredicto final ya ha sido pronunciado, pero la imagen de la Justicia ha quedado en entredicho y no son pocos los que, a día de hoy, se cuestionan su independencia. Numerosos políticos, de distintas formaciones, han criticado la decisión de la Justicia. Así, la presidenta andaluza, Susana Díaz, indicaba que esta decisión es “desconcertante. Cuesta entender un fallo así que pone los intereses de las entidades financieras por delante del de los ciudadanos”; por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, indicaba “gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada”.
No sólo ha habido críticas políticas y ciudadanas. Así, la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia han pedido la dimisión de los responsables de la Justicia española: “discrepamos del modo que TS ha gestionado el asunto de las hipotecas y por el daño a los ciudadanos y a la justicia. Pedimos la inmediata dimisión de Lesmes y Díaz Picazo y apelamos al parlamento para que actúe en defensa de los consumidores”. Por su parte, el Gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto y valorará la sentencia en el Consejo de Ministros, mientras que el Partido Popular ha aceptado la sentencia y sus dirigentes han anunciado que propondrá la eliminación del impuesto.
La imagen del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, también puede quedar en entredicho después de que el diario El independiente relate que su deliberación en la votación se produjo de la siguiente forma: “Si voto a favor, empate, así que voto en contra” y que no permitiera debatir sobre el alcance del fallo.
Lesmes acepta las críticas
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha atendido a la prensa, ha aceptado las críticas y ha defendido que los magistrados que votaron en el pleno lo hicieron con total libertad. Al mismo tiempo, ha achacado que esta polémica ha surgido por una falta de claridad en la ley, lo que lleva a problemas de interpretación entre los jueces. Cuestionado sobre las peticiones de dimisión, Lesmes no ha querido pronunciarse.
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