Las diez de la mañana de este viernes ha sido la hora elegida para que el Juzgado número 12 de Palma de Mallorca haya citado a los dos periodistas a los que les fue confiscado el teléfono móvil por orden judicial. La policía fue la encargada de incautarles el material de trabajo, entre el que se encontraban los móviles, ordenadores y documentación.
José Francisco Mestre y Blanca Puo, periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press respectivamente podrán tener acceso desde esta misma mañana a sus pertenencias, tal y como se dictó el pasado miércoles. Ellos mismos presentaron la pasada semana un escrito en el Juzgado balear para solicitar formalmente la devolución del material.
Tanto ellos como los medios en los que trabajan habían presentado una petición en la que formalizaban por escrito sus deseos de que se les notificase la resolución por la que el juez encargado del caso, Miguel Florit, les devolviese el material incautado. Además, han solicitado la información por escrito de dónde han estado estos dispositivos durante este tiempo así como un listado de las personas que han tenido acceso a ellos. Quieren asegurarse de cualquier apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación de los mismos.
Se termina así uno de los casos más polémicos del periodismo español en los últimos tiempos. Ambos medios de comunicación y los periodistas afectados no dudaron en presentar una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra Florit por presunta prevaricación al ordenar la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales. Todo formaba parte de la investigación del caso Cursach, con el objetivo de determinar cuál era el origen de una información periodística.
El juez revocó la orden de intervención de los móviles
En las últimas horas se ha conocido un auto dictado por el juez Miguel Florit, magistrado que instruye el caso Cursach, revocó el pasado 21 de diciembre la decisión de intervenir los móviles a los dos periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press. Lo hizo “con la certificación de que no habían sido abiertos, volcados ni examinados sus contenidos”, una noticia que se les notificó el pasado 24 de diciembre.
Además, el juez añade a través de este auto que no se ha producido un decomiso, sino una intervención de efectos relacionados con un delito de revelación de secretos. En este sentido, el magistrado asegura que los periodistas no recurrieron la incautación sino que acordaron la entrega voluntaria de los objetos requeridos “sin manifestar protesta alguna”.
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