Canal Sur vive una época de tránsito. Después de que Susana Díaz perdiese el poder tras el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos, la Radio Televisión andaluza vive pendiente de cambios. Juanma Moreno, recientemente nombrado presidente de Andalucía se muestra esquivo a precisar cuáles serán estos cambios, sin embargo ya ha confirmado que su gobierno se encuentra inmerso en la preparación de una nueva ley que permita a Canal Sur tener signos “más plurales, más diversos y más independientes”.
Una de las dudas que planean sobre esta nueva etapa que marcará el futuro de Canal Sur, es quién será el nuevo director general, que cogerá el testigo de Joaquín Durán. El propio Juanma Moreno ha desvelado en el programa de laSexta, El Objetivo que ya están trabajando para “reorientar y reorganizar” un ente público en el que “hay mucho directivo y poco indio”, tal y como ha declarado el nuevo presidente andaluz, quien ha añadido que en el ente sí que hay grandes profesionales, algunos de ellos, quemados. No obstante, no ha querido pronunciarse sobre los nombres propios que se harán cargo de la nueva dirección de Canal Sur.
Sobre esta reorganización, Juanma Moreno no especifica cómo será esa reorganización y si habrá recortes en la Radio Televisión de Andalucía. Lo que sí ha especificado es que los andaluces pagan 18 millones de euros al mes por este ente, una cantidad que el presidente ha catalogado de excesiva para los resultados de audiencia que cosecha.
La plantilla pide cambios
Los ánimos están revueltos entre los trabajadores de Canal Sur. La plantilla se lleva reuniendo varios meses para denunciar las carencias que existen en el ente público. Desde el pasado 10 de octubre una amplia mayoría de trabajadores ha secundado los conocidos como miércoles negros.
A través de estas protestas, los trabajadores de la cadena autonómica han incidido en la precariedad que sufren a la hora de desarrollar sus trabajos. Además, el cambio de Gobierno, ayudará a la renovación del consejo de administración de la RTVA, órgano que depende del parlamento y que, a pesar de tener limitado su mandato a seis años, ha sido prorrogado desde 2014, año en el que caducó el mandato actual.
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