Ciudadanos ha sido el responsable de presentar una denuncia que ha servido para que la Junta Electoral Provincial de Barcelona haya limitado el uso de ciertos términos en los medios de comunicación públicos. Este organismo ha prohibido que tanto TV3 como Catalunya Radio utilice términos como “presos políticos” o “juicio de la represión” en sus informativos durante el periodo electoral.
Además, la Junta Electoral ha acordado abrir un expediente sancionador a los responsables de la CCMA por la cobertura de la manifestación de Madrid que se celebró en apoyo a los presos independentistas. Esta decisión no ha caído bien entre los dirigentes independentistas catalanes y prueba de ello han sido las declaraciones de Quim Torra en las que ha acusado a la Junta Electoral de censurar y actuar contra la libertad de expresión.
Es lamentable que la Junta Electoral tenga que hacer el trabajo del Gobierno. Sánchez no hace nada ante órdenes ilegales a los Mossos, ni la retirada de lazos amarillos, ni la propaganda de TV3. Es insólito que por los votos de los separatistas no haga cumplir la ley. #CasadoT5 pic.twitter.com/EDqqxe0K49
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 28 de marzo de 2019
Sin embargo, buena parte de los políticos españoles han mostrado su apoyo a esta decisión. Pablo Casado, presidente del Partido Popular y Albert Rivera, su homólogo en Ciudadanos se han mostrado en consonancia con la resolución del JEC afirma que la utilización de expresiones como “presos políticos” o “juicio de la represión” es contraria “al principio del pluralismo político social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa” que deben regir la actuación de los medios públicos en periodos electorales. Albert Rivera ha utilizado twitter para expresar su apopyo a esta decisión: “La Junta Electoral da la razón a Ciudadanos y prohíbe a TV3 hablar de España como si fuera una dictadura. Basta de usar recursos del Estado para ir contra el Estado. Cuando gobernemos, o TV3 cumple la Constitución o no recibirá ni un euro”.
Además, la resolución ordena a la Junta Electoral de Barcelona e insta a la CCMA a que adopte medidas compensatorias para las formaciones que apoyaron la manifestación en apoyo a los presos políticos catalanes. No obstante, también cabe la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.
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