Imanol Arias y Ana Duato están viviendo uno de los momentos más difíciles de sus carreras profesionales, y por tanto, de sus vidas. Días atrás se conocía la noticia de que la Audiencia Nacional ha mandado a juicio a ambos por presuntos delitos de fraude fiscal.
La fiscalía ha pedido 31 años de prisión para la actriz, además de una multa de 10 millones de euros. A esta cifra se suman los 2,4 millones de euros defraudados anteriormente. Sin embargo, en caso de que Ana Duato fuera condenada el cumplimiento de la pena nunca sería tan elevado.
La revista ¡Hola! habló con Ana Duato sobre la situación que está atravesando: “Estoy bien, tranquila, confío en la justicia y en la presunción de inocencia, que es importante”. “Estoy esperando a que llegue el momento de poder defenderme pero pido tranquilidad porque esto va para largo”, ha comentado la actriz.
Por otra parte, para Imanol Arias la fiscalía solicita 27 años de cárcel, sumado a otros 10 millones de euros de multa. Según Hacienda, la cantidad defraudada por el actor ascendería a los 2,78 millones de euros entre 2009 y 2015. Durante este periodo, Imanol Arias contrató los servicios del despacho Nummaria “con el fin de mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas” de sus “importantes ingresos procedentes de su participación en una serie de televisión”.
De esta forma, cedía sus derechos a una sociedad que firmaba los contratos en su nombre. Con este procedimiento, se firmaba “una retribución para el actor por un importe muy inferior a la facturado por los servicios, en forma de renta vitalicia”.
La resolución penal
Cuando se inició la investigación, Ana Duato e Imanol Arias abonaron 1,9 y 2,3 millones de euros respectivamente. Por esta razón se les permite acogerse a una atenuante para rebajar la pena que solicita la fiscalía. Sin embargo, al haberlo hecho con el proceso en marcha no les exime de que se sume la cantidad defraudada.
En este escenario, ninguno de los actores ha buscado acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Si se llegara a un hipotético acuerdo, la pena pactada no conllevaría el ingreso en prisión de los intérpretes, ya que ninguno de los dos tiene antecedentes penales. Únicamente tendrían que abonar la cuota defraudada.
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