La Fundación Adecco ha presentado el informeViolencia de género y empleo que realiza con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, con el objetivo de posicionar el empleo como elemento clave para la recuperación integral de las mujeres víctimas. El presente análisis basa sus conclusiones en una encuesta a 210 mujeres desempleadas víctimas de la violencia de género, complementada con algunas cifras de otras fuentes e informes de referencia.
En esta edición la Fundación Adecco cuenta con la colaboración de 22 empresas e instituciones públicas: Banco Mediolanum, Agrimarba 2, Aqualia, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, RNB, Alten, Emasagra, CWT Global España, Frit Ravich, AGC Pharma Chemicals, Ultracongelados Virto, Eurecat, Red Eléctrica Española, Unicaja Banco, Somajasa, T-Systems ITC Iberia, Ernst & Young, Grupo Alimentario IAN, Ucalsa, Álvarez & Marsal, Mahou San Miguel y Saint-Gobain.
La violencia de género, ¿freno a la empleabilidad?
La sociedad está cada vez más concienciada sobre la violencia de género. Así se demuestra en el estudio de la “Percepción social de la violencia de género” elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: el 92% de las personas entrevistadas la consideran “inaceptable”. Una concienciación que ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un problema social. Gracias a la difusión mediática de los últimos años, se ha podido articular una estructura sobre la que basar los instrumentos judiciales y asistenciales necesarios para hacer frente a esta lacra, empezando por el impulso necesario para que las víctimas den la voz de alarma y encuentren una salida a su situación.
El empleo sigue situándose como unos de los aliados más potentes para que puedan construir su vida lejos del control del agresor, pero en muchas ocasiones se siguen asociando erróneamente determinados rasgos de la personalidad o comportamientos a las víctimas.
La existencia de estos estereotipos se ve reflejada en los datos de la encuesta realizada por la Fundación Adecco: el 62% de las mujeres entrevistadas con motivo de este informe cree que siguen existiendo prejuicios a la hora de contratar a una mujer que acredita condición de violencia de género. Una situación que lleva a la mayoría de ellas (72,3%) a no comunicar dicha situación por miedo a que les reste oportunidades en entrevistas de trabajo o procesos de selección; solo el 27% lo comunica (normalmente, por cuestión de seguridad y también porque cuentan con una serie de derechos para garantizar su desarrollo personal y profesional).
Carmen Giménez, atleta paralímpica y embajadora de la Fundación Adecco cree que “este mensaje debe calar en todos los estratos de la sociedad para acabar con las creencias estereotipadas a las que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia a la hora de optar a un puesto de trabajo”. Carmen, que sufre una lesión medular a raíz de un episodio de violencia machista, asegura que “siguen existiendo una gran cantidad de prejuicios que evidencian que queda mucho por hacer para lograr la plena inclusión, y que es labor de todos los agentes sociales fomentar espacios laborales seguros para posicionar el empleo como elemento clave para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan salir adelante”.
Preguntadas por los prejuicios más asociados a esta situación que se encuentran en las empresas, el 43% señala que se las achaca ser personas inseguras que ven afectado su rendimiento, mientras que un 39% indica la creencia de que se ausentarán más de su puesto. En menor medida, un 16%, opina que los empleadores piensan que las mujeres víctimas pueden ser problemáticas y empeorar el clima laboral.
Las denuncias por violencia de género se acercan a índices prepandemia
En la última década, la evolución del número de denuncias por violencia de género experimentó una tendencia ascendente hasta el fuerte parón registrado en 2020, el año de la pandemia. Así lo demuestran las cifras del Consejo General del Poder Judicial: tras el notable descenso del número de denuncias durante 2020, cuando se registró la cifra más baja de los últimos cinco años (150.785) y disminuyó una tendencia ascendente que se mantenía imparable en la última década, el número de denuncias volvió a aumentar, prácticamente a niveles prepandemia, hasta alcanzar las 162.848 en 2021 (en 2019 alcanzaron las 168.057). Esto supone un aumento del 8% respecto al año anterior.
Por tanto, se constata que el descenso de denuncias durante 2020, el año de la pandemia, se debe a que en épocas de crisis cae el volumen debido a las mayores dificultades que encuentran las mujeres para pedir ayuda. Un temor que aún es mayor entre aquellas que no tienen recursos para llevar una vida independiente. Es en los periodos de recuperación, como el que supuso este pasado año, cuando aumentan, coincidiendo con etapas más prósperas para afrontar un proyecto profesional y la perspectiva de retomar su autonomía.
Esta progresión en el número de denuncias podría ser positiva, en la medida en que la reactivación económica esté detrás del incremento de estas como reflejo de un mayor empuje para pedir ayuda y salir de dicha situación. La subida del 8% en 2021 respecto a 2020 será previsiblemente más alta en el próximo año según los datos del primer semestre recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. El número de denuncias por cada 1000 mujeres fue de 6,8 en 2021 en España.
Durante el primer semestre del año y, debido a la recuperación económica en curso, las denuncias vuelven a crecer y, en concreto, lo han hecho en un 16%, alcanzando las 87.508, frente a las 75.722 del mismo periodo de 2021. Por comunidades autónomas, los mayores incrementos se han producido en Extremadura, que duplica el dato nacional con un aumento del 34%, la Comunidad Valenciana (25%), Murcia (25%), Cantabria (24%), Aragón (21%) y La Rioja (21%). Por el contrario, las regiones que han experimentado un menor crecimiento han sido Canarias (6%), Cataluña (7%) y Castilla-La Mancha (8%).
“A la vista de los datos que recoge el Consejo General del Poder Judicial, queda claro que el número de denuncias por violencia de género varía en función de los ciclos económicos y del contexto social, pero lo que no debe sufrir ningún tipo de variación son los recursos a los que pueden recurrir las mujeres para salir de dicha situación. En dicho propósito, las empresas y poderes públicos tenemos la responsabilidad de dar respuesta a las mujeres que piden ayuda a través de políticas activas de empleo y no discriminación que garanticen su acceso al mercado laboral, como recurso fundamental para lograr una vida independiente lejos de su agresor. Estas medidas deben estar basadas en estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión que garanticen procesos inclusivos de principio a fin, desde las ofertas, pasando por los procesos de selección hasta su inclusión en el puesto para garantizar no solo el acceso, sino el mantenimiento en el mismo a largo plazo”, reclama Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
La totalidad de las mujeres que ha participado en la encuesta manifiesta que el empleo ayudaría a reconducir su vida, pero en ocasiones se encuentran con muchos obstáculos que les impiden comprobarlo. Un informe de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género señala que el tiempo medio en pedir ayuda cuando aparecen las situaciones de violencia supera los ocho años en el caso de las mujeres con empleo, mientras que se incrementa hasta los trece entre aquellas que no trabajan.
“El empleo se confirma, por tanto, como el elemento que empodera transversalmente a las mujeres. Aunque no es un muro infranqueable contra la violencia de género, sí construye una sólida barrera que actúa como mecanismo preventivo, contribuyendo decisivamente a la recuperación integral de las mujeres”, añade Begoña Bravo, responsable del Plan de Integración de la Fundación Adecco.
El trabajo se sitúa como elemento clave para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan aspirar a una vida normalizada, autónoma y alejada de sus agresores, pero lo cierto es que se encuentran muchas barreras a la hora de acceder al mercado laboral. Más de la mitad de las mujeres en situación de desempleo (el 55%) que han contestado a la encuesta llevan más de seis meses buscando trabajo; dos de cada diez han superado ya los dos años en esta situación.
La mayoría de ellas son positivas en cuanto a los plazos para lograr una nueva oportunidad laboral: el 66% cree que encontrará empleo en menos de seis meses, el 9,4% apuesta por lograrlo en un plazo de entre 7 y 12 meses, y el 12,8% más de un año. Solo un 11% cree que no lo encontrará nunca. Aunque al mismo tiempo, aseguran que la inclusión laboral se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19, ya que para el 68% de las mujeres víctimas de violencia de género, el mercado laboral no se ha recuperado respecto a antes de la pandemia. En concreto, el 46,7% señala que los requisitos para acceder a las ofertas de empleo son más exigentes ahora que antes, mientras que para un 29% la pandemia no ha empeorado la búsqueda de empleo porque antes había dificultades, y ahora también.
Dificultades para llegar a fin de mes y trabajo poco cualificado
En España hay 13,1 millones de personas, es decir, el 27,8% de la población, en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Este índice, recogido por el informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 2015-2022, se ha incrementado ocho décimas respecto a 2020 cuando se situó en el 27% y más de punto y medio sobre la cifra de 2019: 26,2%. Por tanto, la pandemia ha intensificado el número de hogares en dificultades para llegar a final de mes y para afrontar gastos básicos.
Aquellas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como las mujeres víctimas, han visto como su situación empeoraba en los últimos dos años. Así, la gran mayoría (91%) encuentra algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. En concreto, un 52% termina el mes “con mucha dificultad”; un 19% “con dificultad” y un 18% “con cierta dificultad”.
Entre las dificultades que señalan estas mujeres destaca la de afrontar gastos imprevistos, una realidad para el 67% de las mujeres que han contestado a la encuesta. Más de la mitad también tienen problemas para hacerse cargo de gastos de alimentación, vivienda (hipoteca, alquiler), para comprar ropa o pagar suministros. En menor medida, presentan dificultades para gastos escolares o para tener tecnología en casa.
Dicha situación de precariedad provoca que 6 de cada 10 desempleadas víctimas de la violencia de género se planteé aceptar un puesto de trabajo inferior a su cualificación. Una cifra que rozaría el 85% si incluimos a aquellas que han contestado “quizá”. Es decir, solo el 14,6% no estaría dispuesta a trabajar en un puesto de menor cualificación.
En cambio, ante la posibilidad de trabajar sin cotizar en la Seguridad Social, es decir en la economía irregular, más de la mitad (el 53,91%) asegura que no lo haría. Esta tendencia ha cambiado respecto al año pasado, cuando el sí ganaba al no por un 59% frente al 41. Esto deja claro, como una vez superada la peor época de la crisis, las mujeres vuelven a empoderarse y no ven tan apremiante la necesidad de aceptar cualquier tipo de trabajo.
