Las medidas “provida” anunciadas el pasado jueves 12 por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, siguen siendo un tema polémico. Más allá de los vaivenes políticos que están ocasionando, los especialistas médicos han manifestado su contrariedad, como es el caso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que según han expresado: “Creemos que la Comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas“.
La opinión de estos especialistas ha sido transmitida a través de un comunicado, en el que han participado la Sección de Ecografía Obstétrico-ginecológica y la Sección de Medicina Perinatal y en él, han realizado un repaso profesional de las propuestas de la formación comandada por García-Gallardo: obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar el escuchar el latido fetal, una ecografía 4D y acceso a tratamiento psicológico.
Según explican los especialistas en referencia a la propuesta de ofrecer a la mujer escuchar el latido fetal, “el uso de ultrasonidos convencionales (ecografía modo B y modo M) se considera seguro durante el embarazo. En fase embrionaria (hasta la 10+6 semana) se recomienda que la evaluación ecográfica del latido sea preferiblemente de manera visual“.
Además, expresan que la última Guía de Práctica Clínica de la SEGO recomienda que “la evaluación con Doppler —el aparato que permite escuchar el lato fetal desde el exterior— sólo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica“. En la siguiente fase, puede ser empleado rutinariamente para “ciertas indicaciones clínicas”. Y es que, “existe consenso” respecto a la utilización prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los “potenciales efectos térmicos y/ o mecánicos indeseables sobre el embrión”, por lo que la medida anunciada por Vox podría ser peligrosa.
Por otro lado, insisten en que la ecografía 3D/4D “no forma parte” de la sistemática asistencial, como tampoco puede encontrarse recomendación alguna para su práctica ordinaria. Medidas que se llevarían a cabo sin existir “ningún otro protocolo similar” en ninguna comunidad autónoma, por lo que Castilla y León sería la primera en implantarlo, en contra de las recomendaciones de profesionales como los ginecólogos.
Finalmente, ante tal polémica, recuerdan que el derecho de la mujer a acogerse a la ley de la interrupción legal del embarazo y los requerimientos al respecto están regulados legalmente, por lo que han expresado su “máximo respeto” a la legislación vigente y a las mujeres que se encuentran en esa situación.
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