APRI, la asociación que agrupa y defiende los intereses de los lobistas en España, ha manifestado su preocupación por las declaraciones de algunos responsables políticos que establecen una relación causal entre los presuntos delitos cometidos en el conocido como “Caso Berni” y la falta de regulación de los lobbies en las Cortes Generales.
La regulación de los lobbies o grupos de interés en las distintas instituciones públicas es algo que APRI viene reclamando desde hace más de una década y tiene el objetivo de introducir transparencia, aumentar la rendición de cuentas, y mejorar la calidad de las normas a través de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, en desarrollo de los artículos 9.3 y 23 de la Constitución. No es el objetivo de esta regulación prevenir la corrupción política, asunto reservado al Código Penal.
Autorregulación y código de conducta
Son los propios lobistas los que se vienen autorregulando desde hace años y, en el caso de APRI, cuenta con un exigente código de conducta que marca las pautas deontológicas de la actividad de sus asociados así como con una propuesta de regulación amplia, completa y adaptada al entorno institucional, que ha puesto a disposición y ha explicado a todas las instituciones que han mostrado interés en ello.
Ante la ausencia de una regulación específica sobre los grupos de interés, APRI considera que debería aplicarse el Código de Conducta de las Cortes Generales, “que languidece debido a la ausencia de interés por parte de las Cámaras en su aplicación”, señalan.
“Sus artículos 2 y 6 habrían prevenido las acciones presuntamente desarrolladas por el exdiputado Curbelo, y en lugar de una Comisión de Investigación, con los costes que supone y la detracción de recursos a otras actividades que redunden en el interés general, podría sustituirse con una actuación por parte de la Presidencia del Congreso conforme al citado Código de Conducta”, explican desde APRI.
Lobby es transparencia
APRI explica que el lobby es una actividad profesional que favorece la transparencia del sistema y la igualdad de acceso a los poderes públicos, que está institucionalizada en nuestro país y en los de nuestro entorno, y en la que están involucrados miles de profesionales en España y en Europa, y añade que tales acciones no merecen ser confundidas bajo ningún concepto con las que estamos viendo en el llamado “Caso Berni”.
APRI, en todo caso, no se sorprende de este empeño en esconderse tras la ausencia de regulación de las relaciones de la sociedad civil con los poderes públicos y en satanizar la palabra lobby y lo que representa. “Se vio también en días pasados en relación con otros casos recientes que, como el presente, no tienen nada que ver con el lobby sino con la corrupción”, indican.
Señalan los profesionales del lobby que, del mismo modo que sería inadecuado acusar a todos los políticos de realizar determinadas actividades ilegales, inmorales o ilícitas, exigen el mismo respeto hacia su actividad. “Lobby es participación y su regulación busca incrementar la transparencia del sistema, no evitar conductas delictivas, para actuar contra las cuales ya existe el Código Penal, así como el referido Código de Conducta de las Cortes Generales y los códigos éticos de los diferentes grupos parlamentarios”, agregan.
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