La Comisión Europea (CE) ha compartido su propuesta de modificación relativa a la legislación farmacéutica básica de la UE con el fin de adecuarla a los nuevos retos sociosanitarios. En este marco, Cofares da la bienvenida al reconocimiento explícito que contiene la propuesta respecto al papel crucial de los mayoristas farmacéuticos de gama completa en la cadena de valor de acceso al medicamento.
Así, desde la compañía, celebran especialmente esta introducción del derecho a ser suministrados por parte de la industria, con el fin de seguir cumpliendo su función de servicio público y garantizar el acceso de medicamentos y productos de salud a la red de farmacias comunitarias y sus pacientes.
Eduardo Pastor, presidente de Cofares, lo resume así: “Todo aquello que traiga consigo un marco de actividad reforzado, una mayor seguridad jurídica y fomente la colaboración entre los agentes implicados en el acceso a un bien fundamental como es el medicamento, redundará en mejores resultados en salud”. La propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la legislación farmacéutica refuerza el papel crucial de los mayoristas de gama completa, un reconocimiento que según resalta, “celebramos y por el que trabajamos desde Cofares también en el seno de GIRP, la patronal del sector a nivel europeo, a través de nuestro rol en la vicepresidencia.”
Además, añade que, “estamos convencidos de que somos un agente clave en la resiliencia y transformación de la cadena de valor del medicamento, y la propuesta de la CE afronta algunas de las cuestiones fundamentales. Pero todavía hay pasos que dar, por eso, continuaremos trabajando en línea con este compromiso y en estrecha colaboración con todos los agentes del ecosistema sanitario”.
Esta importante novedad se suma a la sensibilidad que ya mostraron las instituciones europeas con la ‘Directiva de Resiliencia de la UE’, que definió a los mayoristas de gama completa como un “estamento crítico y vital” para el funcionamiento de los países de la UE y la seguridad de sus ciudadanos, al tratarse organizaciones que “prestan servicios vitales”. En este sentido, señala la Directiva, deben poder prepararse ante “catástrofes naturales, el terrorismo, las emergencias sanitarias o los ataques híbridos y hacerles frente”
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