La última semana ha supuesto un cisma para RTVE. El hecho de que la Audiencia Nacional impugnase las bases de las oposiciones que estaban pendiente de celebración en la Corporación pública, ha provocado una escisión -mayor si cabe- entre los sindicatos con representación en la plantilla de RTVE.
Las dos posiciones son claras. Por un lado, CCOO defiende la resolución judicial que ha frenado en seco las bases de las oposiciones que daban prioridad a todos los candidatos con experiencia acumulada en RTVE. De esta manera, todos aquellos interinos contaban con ventaja para la obtención de una plaza, sobre el resto de candidatos.
Ante esta situación, han optado por denunciar lo que ellos llaman “grandes errores de gestión” y no dudan en pedir que se depuren responsabilidades. Para ello no solo apuntan a la presidencia, con Elena Sánchez como máxima responsable, también señalan al resto de la dirección corporativa, al departamento de recursos humanos y a la asesoría jurídica de RTVE. Aseguran, además, que lo hacen con la intención de devolver la “dignidad a la negociación colectiva” y disparan contra UGT advirtiéndoles de que “tienen que dejar de vociferar”.
Balones fuera ante una “guerra sindical”
A pesar del cruce de acusaciones, desde UGT insisten en que la plantilla de RTVE no se encuentra inmersa en una guerra sindical, si no una negociación con “diferentes puntos de vista”. Desde UGT insisten en que las decisiones que han tomado, dando apoyo a las propuestas de la dirección (más el SEPI, la Abogacía del Estado y varios ministerios) se han focalizado en “proteger a los que forman parte de la plantilla”. Hacen así, alusión directa a los cientos de interinos que reclaman una plaza fija después de años, algunos incluso décadas, de interinidad en RTVE.
Mientras tanto, la dirección, encabezada por Elena Sánchez, ha reactivado esta misma semana una nueva ronda de contactos con todos los grupos sindicales que tienen representación en RTVE. El objetivo sería reformular las bases de las nuevas oposiciones para alcanzar el mayor consenso posible y ajustarlo a la regulación del proceso.
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