Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se han vuelto a liar, esta vez con un tercero en la relación: los ecologistas. El Plan Hidrológico del Tajo concentra la discusión, un tema histórico -ahora con una nueva dimensión- que, tal y como cualquier ‘trieja’ del mundo liberal, deben resolver de inmediato antes de que sea el causante de la ruptura.
Aprobado el pasado 24 de enero de 2023 en Consejo de Ministros, el Plan de Cuenca del río Tajo se revisa cada seis años, y este estará vigente hasta diciembre de 2027. Considera que el agua necesaria para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales es equivalente a una demanda, y como demanda medioambiental establece los volúmenes necesarios en la asignación de recursos, en el caso de la Comunidad, un caudal mínimo para el Tajo.
En mayo pasado, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, votó en contra de la propuesta del proyecto en el Consejo Nacional del Agua alegando reduce la capacidad hídrica de la región y afecta a millones de familias madrileñas.
Los ecologistas también se pronunciaron. “Asistimos impotentes a los daños ambientales que provoca el trasvase Tajo-Segura no solo en la cuenca cedente sino también en la receptora”, dijo el grupo de Aranjuez de Ecologistas en Acción en marzo pasado, cuando anunciaron la entrega de las firmas recogidas desde 2021, para pedir a las autoridades “ponerse las pilas, mostrar su firme rechazo y recurrir el Plan de Cuenca del Tajo donde estimen conveniente; ante una demanda social, ambiental, histórica y patrimonial importante, que no pueden ignorar”.
Cuándo comenzó este poliamor
Todo comenzó el lunes 27 de noviembre a primera hora cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la demanda que interpuso ante el Supremo contra el nuevo Plan Hidrográfico del Tajo: “Es un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino que hemos sufrido”, declaró Ayuso en un desayuno con el Círculo de Navarra.
Para la Comunidad, el nuevo Plan “cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid, que es el mayor de España y uno de los mejores del mundo. Pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños, impide cumplir los requisitos de depuración y obstaculiza la planificación”, en palabras de Ayuso, que acabó diciendo: “Ahora Sánchez pretende que Madrid se rinda por sed”.
Qué dice la otra parte
El Gobierno de Sánchez ha respondido a través de su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. “Es una ocurrencia de Ayuso” ha dicho horas más tarde en Almonte (Huelva) al ser consultada por los periodistas durante la firma de un acuerdo por Doñana.
“Está fuera de plazo, ya no puede recurrir” ha dicho Ribera. Y ha agregado: “me parece una ocurrencia que pone de manifiesto que hay responsables políticos que intentan trabajar sobre la base del acuerdo y hay otros a los que les gusta generar polémica e irritar a la gente”.
“Creo que simplemente esta señora demuestra una vez más que probablemente piensa más en otro tipo de cosas que no el interés de los madrileños, sino en la generación de nuevos problemas”, ha concluido.
La discordia del tercero en la relación
Los ecologistas ahora desmienten las declaraciones de Díaz Ayuso sobre el Plan Hidrológico del Tajo. Este mismo 27 de noviembre, los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Liberum Natura y Jarama Vivo han manifestado que las declaraciones de Ayuso “carecen de fundamento jurídico ni técnico, que están alejadas de la realidad y que pueden provocar una alarma social del todo injustificada”.
Aseguran los ecologistas que “la Comunidad de Madrid no tiene ninguna potestad en cuanto a la planificación de las cuencas hidrográficas de su territorio, es una atribución que corresponde al Estado según la ley de Aguas”, y agregan, “llama la atención que la presidenta de la Comunidad de Madrid señale que el Plan Hidrológico supone un obstáculo a los requisitos de depuración. Hay que indicar, que las depuradoras del Canal de Isabel II son los principales responsables de la contaminación de los ríos madrileños y del incumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua”.
En este sentido, lamentan que “el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid esté utilizando los recursos de los madrileños y madrileñas en recursos judiciales sin sentido y sin fundamento”.
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