España cierra el 2023 en “números verdes” en cuanto a transición energética se refiere. En la COP28, nuestro país desempeñó un papel destacado al ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea y al liderar las conversaciones debido al perfil más discreto adoptado por algunos países que suelen ser más prominentes y activos en las diversas negociaciones. Pero ¿qué retos enfrentamos para el 2024?
Paz Val, Directora Senior de Asuntos Públicos en LLYC en la oficina de Madrid, lo confirma en conversación con PRNoticias, es la responsable de impulsar el sector industrial y los retos asociados a la transición digital y sostenible en la agencia, por lo que su experiencia permite conocer de dónde viene y hacia dónde va España en materia de transición energética.
“La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, acudió a la COP28 con el claro objetivo de no dejar caer del acuerdo un mensaje claro sobre la salida de los combustibles fósiles en línea con las recomendaciones del IPCC. En línea con este objetivo, Ribera anunció la adhesión del Gobierno de España, junto a otros 11 países, a la declaración conjunta para la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles publicada en el marco de la COP”, explicó.
Paz Val considera que “la gran victoria de esta cita ha sido que, por primera vez, en las conclusiones de una COP se ha trazado un camino que marcará el rumbo que debe seguir el planeta y se ha invitado a los diferentes países a ‘transitar’ en la reducción de los combustibles fósiles de forma ‘justa, ordenada y equitativa’ para así lograr un descenso del gas, el carbón y el petróleo”. Para ella, España estaría transitando el camino correcto.
¿Consideras que el marco legislativo en España en materia de transición energética es suficiente para enfrentar los nuevos retos o necesita ajustes?
Aunque España ya está urgida a poner en marcha políticas dirigidas a lograr la ansiada descarbonización, en consonancia con la Agenda 2030 y con el desarrollo sostenible como principio fundamental del Tratado de la Unión Europea, este acuerdo es también un impulso para la economía española, concretamente, para las renovables ya que los firmantes del acuerdo deberán “triplicar la capacidad mundial de energía renovable” y “duplicar la eficiencia energética” para 2030. España está poniendo en marcha una ambiciosa agenda de políticas ambientales como eje vertebrador de transformación de la economía, la equidad, el territorio, la innovación, la industria, el empleo y el futuro de las empresas.
¿Qué contempla esa agenda?
La intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la COP sirvió también para hacer balance de los pasos dados por España en los últimos años y para anunciar su compromiso de reducciones gases de efecto invernadero hasta un 56% y el objetivo de energía renovable en la generación eléctrica hasta un 81%. Al margen de la cita, es preciso recordar que España remitió el pasado mes de julio a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y esta semana el Ejecutivo comunitario ha publicado la evaluación de los borradores de los planes climáticos de los países de la UE, y en el caso de España ha felicitado al Gobierno por la hoja de ruta en renovables, seguridad y eficiencia energética y adaptación al cambio climático. Como contrapunto, en sus recomendaciones la Comisión considera que aún hay margen para intensificar las medidas sobre cómo movilizar al público y las inversiones privadas. Con estas sugerencias, España, al igual que todos los Estados miembros, deberá presentar sus planes finales actualizados antes del 30 de junio de 2024.
¿Qué deben hacer en 2024 el legislador, las empresas y la sociedad, para seguir alcanzado los objetivos en materia de transición energética?
Como mencionamos anteriormente, los países participantes reunidos en Dubái han lanzado un mensaje claro de “principio de fin de uso” de los combustibles fósiles. Los acuerdos logrados en la COP trasladan el mensaje de que el abandono de los combustibles fósiles es la senda a seguir en los próximos años. El texto acordado urge a acelerar la acción y a hacerlo “en esta década crítica”, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050. Asimismo, se pide que se acelere la reducción de las emisiones del transporte por carretera con infraestructuras y con el despliegue rápido de vehículos de emisión cero y de baja emisión. Recordando las tres palabras que presidían este año el lema de la COP28, “Unite, Act, Deliver”, empresas, sociedad y legislador deben ahora actuar unidos para ofrecer resultados para que los puntos acordados en Dubái sean un punto de inflexión hacia la descarbonización, la transición energética y la reducción de emisiones a 2030. No hay que olvidar que las empresas deben actuar también como palanca para afianzar esta doble transición para avanzar hacia una Unión Europea más competitiva e innovadora.
¿Qué nos depara el 2024 en materia de transición energética en España?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su intervención en la COP para reclamar una nueva fiscalidad internacional alineada con el principio de “quien contamina paga”, que es uno de los principios clave subyacentes a la política medioambiental de la Unión Europea (UE). La aplicación del principio implica que el contaminador sufrague los costes de su contaminación, incluso los de las medidas adoptadas para prevenir, controlar y reparar la contaminación y los costes que supone para la sociedad. En los próximos meses veremos si el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2024 (PAN-24), que previsiblemente presentará el Ejecutivo, incluye entre sus prioridades de acción políticas medioambientales, económicas y fiscales en consonancia con los acuerdos alcanzados en la COP.
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