Después de semanas de bloqueo por la abstención alemana y el efecto arrastre provocado por el Gobierno de Berlín en otros Estados miembros, los Veintisiete fueron capaces de aprobar el pasado viernes las nuevas normas europeas de responsabilidad corporativa. Es decir, la ley que establece la responsabilidad de las compañías en caso de que se produjeran violaciones de los derechos humanos o daños al medioambiente a lo largo de la cadena de suministro.
En su forma final, sólo será aplicable a multinacionales con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de facturación anual, frente a los umbrales de 500 empleados y 150 millones de euros en ingresos que recogían borradores anteriores, de los que también se ha eliminado su aplicación sectores de “elevado riesgo”,
Pues bien, a pesar de esta reducción de la normativa para obtener los votos suficientes y que las normas pudieran ser aprobada, las multinacionales afectadas siguen considerando excesivas las obligaciones impuestas. Tal es así, que la propia patronal europea Business Europe ha afirmado que dichas normas pondrá en desventaja a las grandes empresas del bloque frente a sus rivales del resto del mundo.
Medidas excesivas y elementos cruciales sin resolver
En concreto, según explicó en un comunicado el director general de la organiación, Markus Beyrer, la llamada “directiva de diligencia debida” acordada la semana pasada por los embajadores de los Estados miembros “añadirá obligaciones sin comparación, introducirá duras sanciones con posibles implicaciones existenciales para las empresas y les expondrá unilateralmente a litigios en todas las partes de mundo”.
Es decir, según los expertos, la ley no busca mejorar la situación social y medioambiental, sino que parece querer recaudar dinero y hacer únicas responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos bajo pena de multas.
Además, la patronal europea no solo carga sobre las excesivas consecuencias de no cumplir la normativa de responsabilidad social, sino que, a su vez, lamenta que muchos elementos “cruciales” de la normativa hayan terminado quedaddo “sin resolver”, al tiempo que recuerda que la industria comunitaria “siempre estuvo dispuesta a ser un socio constructivo” en las negociaciones y pidió “una armonización significativa” con “definiciones claras” que “no están” en el texto final.
La organización sindical europea ETUC considera las nuevas normas apropiadas
Ahora bien, al parecr, no todos consideran tan exigente la nueva Ley. La organización sindical europea ETUC resaltó que la directiva supone “una mejora drástica” para el respeto de los derechos humanos de millones de trabajadores y que este “paso adelante” es “el resultado de años de presión decidida y sin descanso” de los sindicatos.
Añadiendo que, “Adoptando el primer conjunto de normas vinculantes del mundo para hacer responsables de sus violaciones a empresas europeas y extranjeras, y también a sus filiales, Europa continúa a la vanguardia de la protección de los sindicatos, los derechos de los trabajadores y el medio ambiente”.
Sin embargo, mientras comienzan los debates y las nuevas normas son aprobadas por el Parlamento Europeo, primero por su comisión de Asuntos Jurídicos y después por el conjunto del pleno, para que puedan entrar en vigor. Las empresas debería invertir en RSC, mejorando sus estrategias corporativas y previniendo posibles multas por incumplimiento de la Ley.
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