Concepción Cascajosa, presidenta interina de RTVE ha comparecido en la Comisión Mixta de Control Parlamentario para dar cuenta de la grave crisis que asola a la institución pública después de la filtración del examen a informador. Lejos de evadir responsabilidades o tirar balones fuera, la presidenta interina ha asumido los errores y ha reconocido que se encuentran un momento crítico: “Es una situación gravísima” y “un daño reputacional inmenso”.
A pesar de que el error se va a subsanar el próximo sábado 2 de noviembre, hay un daño irreparable para muchos de los opositores que han tenido que asumir importantes costes de desplazamiento. Según Cascajosa, desde RTVE son plenamente conscientes de la situación de muchos afectados -algunos de Estados Unidos, México e incluso Egipto- asegurando que tienen “perfectamente trazado de dónde venían los opositores”.
Por eso, ha asegurado que siguen estudiando y valorando cuál es su responsabilidad a la hora de costear esos gastos y saber cuál es el alcance. De este modo, y basándose en las 368 solicitudes de reembolso que han recibido, estiman un coste aproximado de 42.000 euros. No obstante, se desconoce si finalmente, RTVE se hará cargo de estos pagos o no.
Su peor momento
En la que ha sido una de sus comparecencias más difíciles, Concepción Cascajosa ha reconocido la grave crisis reputacional que este hecho ha supuesto para RTVE. Además, ha asegurado que tras conocer de primera mano la filtración del examen vivió su momento más difícil “con mucha diferencia” como presidenta interina.
Respecto a otros comportamientos reprochables como el de su director de Recursos Humanos, Jorge de San José, quien avisó a los opositores de la suspensión del examen a través de una ventana, Cascajosa ha querido defender al directivo. Ha asegurado que “le ha tocado un papel muy complicado en una situación muy compleja”.
Cascajosa ha emplazado a la resolución de la denuncia a la policía una mayor aclaración a lo sucedido de cara a depurar las responsabilidades oportunas. Además, ha defendido el derecho a la huelga de aquellos trabajadores que quieran sumarse a la convocatoria del sindicato CGT propuesta para el día 25 de octubre.
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