El Gobierno continúa dando pasos hacia delante en su particular cruzada “contra la desinformación”. Recientemente ha incluido una actualización en su plan de regeneración democrática para combatir los bulos en redes sociales.
Se trata de un anteproyecto de ley que obligará a los usuarios de redes sociales o plataformas con más de 100.000 seguidores a publicar desmentidos o a recoger la versión de los afectados en caso de que estas informaciones no se ajustan a la verdad o son inexactas.
En esencia, esta nueva normativa está dirigida a los “influencers”, calificada como “usuario relevante”. De esta forma, los titulares de cuentas en redes sociales o plataformas deberán actuar como ya hace un medio de comunicación cuando la ley les obliga a rectificar una información incorrecta.
Estos “influencers mediáticos” ya se han puesto en estado de alerta, pues creen que esta nueva ley podría limitarles enormemente a la hora de elaborar los contenidos que comparten a través de sus diferentes cuentas Creen que desde Moncloa se busca censurarles para que su información no cale entre la sociedad.
Este anteproyecto de ley coincide con uno de los peores momentos del Gobierno desde que arrancó la legislatura. Acosado por los presuntos casos de corrupción y con la intención de voto menos alta de los últimos meses, desde Moncloa buscan parapetarse contra las críticas y las voces disidentes por su gestión.
Con ello, Pedro Sánchez y su Ejecutivo van un paso más allá. Además de perseguir la independencia de los medios digitales, ahora centra su objetivo en las redes sociales y las plataformas como YouTube, donde creen se aloja un importante caladero de mensajes peligrosos para sus intereses políticos.
La obsesión por controlar el relato
Combatir la desinformación es un deber moral y democrático, pero sólo si se hace siempre, independientemente de dónde procedan los bulos. El Gobierno ha encontrado esta causa, defendida desde su principal altavoz mediático –Prisa-, una de las mayores bazas para poner coto a la información que no le gusta.
Ya lo demostró con la nueva ley de medios de comunicación, con la que pretende ahogar económicamente a los que considera que no están suficientemente comprometidos con la verdad y los valores democráticos.
Bajo esta premisa, saldrán favorecidos aquellos que cumplan una serie de requisitos subjetivos, relegando aspectos como la audiencia digital a un segundo plano. Para Moncloa, la capacidad de llegar a un público más amplio y tener mayor alcance no es tan importante como comulgar con “su” verdad.
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