La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó, este 18 de marzo, el I Plan de Parlamento Abierto con la intención de reforzar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la actividad parlamentaria, y de mejorar la confianza en las instituciones, algo que los lobistas celebran, con especial interés en que se traduzcan, en la práctica, en normas concretas.
“Consideramos que el contexto actual, con la aprobación de este Plan de Parlamento Abierto del Congreso y la tramitación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de interés, ofrece una extraordinaria oportunidad para regular la interlocución privada tanto con la Administración General del Estado como con el Parlamento”, dicen desde la organización que los agrupa, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI.
Desde el Comité de Regulación de la organización, formado por Esteban Egea, Montserrat Escudero, Irene Matías, Carlos Parry, María Rosa Rotondo y Jorge Aliende, aseguran que seguirán trabajando para impulsar un marco regulatorio que dote de normas claras a lobistas, representantes públicos y legisladores, y garantice un funcionamiento eficaz y transparente de el sistema democrático español, tal y como ha hecho en las recientes reuniones con representantes de los grupos parlamentarios popular y socialista.
Los 6 puntos en común
“Nos satisface que se incluyen varias medidas que veníamos reclamando desde APRI para establecer una serie de normas en la interlocución entre los grupos de interés y los legisladores, con el fin de normalizar nuestra actividad y dotarlo de un marco ético, transparente e igualitario”, dicen desde APRI. Y estos son los puntos en común entre la propuesta trasladada por los lobistas y el Plan de Parlamento Abierto aprobado por la Mesa:
1.-Regulación de los grupos de interés: ambas propuestas buscan establecer una normativa clara para la actividad de los grupos de interés y su influencia en el Congreso. Se reconoce la importancia de la interlocución entre grupos de interés y representantes públicos dentro de un marco regulado.
2.-Registro de grupos de interés obligatorio y público: se propone la creación de un registro de grupos de interés obligatorio, público y gratuito. Este registro busca garantizar la trazabilidad y equidad en el acceso a las instituciones.
3.-Transparencia en la interlocución: ambos textos plantean la necesidad de que la publicación de las agendas de reuniones entre diputados y grupos de interés sea obligatoria. Se destaca la importancia de que las interacciones entre lobistas y representantes sean accesibles para la ciudadanía y dotada de un poder sancionador en caso de incumplimiento.
4.-Huella legislativa: ambos textos recogen la necesidad de garantizar una mayor trazabilidad de la influencia de los grupos de interés en los procedimientos parlamentarios.
5.-Código de Conducta: se establece que los grupos de interés deberán cumplir con principios de integridad, transparencia y equidad para poder operar en el Congreso. Se busca garantizar estándares éticos en la relación entre lobistas y responsables públicos
6.-Sistema de sanciones: se contempla la implementación de un régimen sancionador para aquellos grupos de interés que incumplan las normas y para los diputados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia en la publicación de las agendas.
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