El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha acordado el levantamiento del secreto de sumario y la notificación de la condición de investigados a una decena de altos cargos vinculados al Ministerio de Hacienda durante la etapa de Cristóbal Montoro, del Partido Popular. Entre ellos figura Miguel Ferre, quien fue secretario de Estado de Hacienda y uno de los hombres de máxima confianza del exministro, y que ahora ocupa el cargo de Senior Partner de Kreab España y Responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles.
Se les acusa de beneficiar y hacer leyes a medida de varias empresas energéticas a cambio de dinero. Según el informe, las empresas interesadas en reformas legislativas debían solicitar sus demandas a través de Equipo Económico, que cobraba importantes sumas a cambio de diseñar cambios normativos a medida. El juez estima que el despacho facturó entre 2011 y 2019 más de 779.000€ a empresas agrupadas en la patronal gasista AFGIM —como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair o Carburos Metálicos— sin elaborar directamente los informes técnicos, que subcontrataba a consultoras como EY.
El auto señala también a Pilar Platero, exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos; y su sucesor, José Alberto García. Se investiga su presunta implicación en delitos relacionados con corrupción en los negocios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y falsedad documental.
La lista de investigados incluye además a Óscar del Amo, exsubdirector general de Tributos Locales; Rogelio Menéndez, entonces asesor del gabinete ministerial; y José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda. Todos ellos formaban parte del núcleo duro del equipo económico del Ministerio durante los años de Montoro al frente de la cartera. Completa el grupo de investigados Santiago Menéndez, quien fuera director general de la Agencia Tributaria.
El juez les imputa cohecho, fraude, malversación y tráfico de influencias. La causa judicial sigue su curso en el juzgado tarraconense, que deberá determinar proximamente el alcance de las responsabilidades penales de cada uno de los ex altos cargos, todos ellos ya notificados formalmente de su nueva condición procesal.
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