La disparidad de cifras que ha ofrecido el Gobierno de España en las últimas semanas sobre las ayudas abonadas a los afectados por la DANA, alimenta la sospecha de que se están inflando para generar una opinión pública favorable, aprovechando la cercanía del primer aniversario de la tragedia.
El 21 de julio, tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, hablaron de 7.500 millones de euros abonados. El 28 de agosto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró en Valencia que ya se habían transferido 7.000 millones. Sin embargo, en la web oficial de La Moncloa (28/08/2025, actualización de datos Info DANA), el propio Gobierno publica que la cantidad abonada asciende a 6.190 millones, desmintiendo así las cifras anteriores.
Fuentes de la administración autonómica de la Comunidad Valenciana aseguran que ninguna de estas cifras refleja la realidad de las ayudas efectivamente pagadas. Tal y como señalan los datos autonómicos, el Ejecutivo se ha apropiado de partidas que no son ayudas estatales, como las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (3.533,8 millones de euros) o las compensaciones de Agroseguro (51,5 millones). Ambas proceden de entidades con patrimonio propio y funcionamiento independiente, sin que intervengan presupuestos públicos.
También se incluyen cono ayudas los créditos ICO (719 millones) y las líneas de financiación agraria (41,25 millones), cuando en realidad se trata de préstamos que deben devolverse, en muchos casos con intereses. Tras descontar estas cantidades, el volumen real de ayudas efectivas del Gobierno se reduce a 2.600 millones de euros, aseguran las fuentes autonómicas.
Además, desigual e insuficiente
Además, la Generalitat remarca que el reparto de esas ayudas es desigual e insuficiente. Aunque el Gobierno afirma haber destinado 1.745 millones a la reconstrucción de infraestructuras municipales, la mayoría de los 78 ayuntamientos beneficiados no ha podido iniciar proyectos por falta de medios técnicos y humanos, y otros 28 municipios valencianos (con unos 80.000 habitantes) han sido directamente excluidos de los planes estatales pese a los daños sufridos.
En cuanto a las ayudas de primera necesidad a familias, apenas un 14% de las solicitudes (6.102 familias, con 100,9 millones) se han resuelto hasta la fecha, lo que deja a 37.940 familias sin recibir aún un solo euro, acumulando una deuda estimada de 620 millones de euros.
Por último, la administración autonómica denuncia que el Ejecutivo ha incumplido compromisos con otros colectivos afectados. En el ámbito de la movilidad, no se ha aplicado un IVA reducido o exento a la compra de vehículos sustitutorios, de manera que la ayuda recibida apenas compensa el impuesto pagado. Tampoco se han abonado todavía las ayudas a entidades deportivas, pese a haber recibido 17 solicitudes.
Asimismo, sigue pendiente la prórroga de la prestación por cese temporal de actividad para unos 5.000 autónomos valencianos, anunciada por el Ministerio de Economía en enero. En definitiva, de los 16.600 millones que el Gobierno dice haber movilizado para la DANA, sólo el 15,6% se corresponde con ayudas reales efectivamente pagadas a los afectados.
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