El Gobierno de España ha rechazado la mayoría de las solicitudes de ayuda presentadas por la Generalitat Valenciana para la recuperación de las zonas afectadas por la DANA. Según datos del propio Consell, el Ejecutivo central ha denegado el 66% de las peticiones formuladas a lo largo del último año, pese a los compromisos asumidos en los grupos de trabajo creados para coordinar las tareas de reconstrucción.
Estos grupos, impulsados a iniciativa del Gobierno valenciano, tenían como objetivo ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las familias, empresas y sectores productivos afectados, con la colaboración de los distintos ministerios en ámbitos clave como sanidad, servicios sociales, economía, infraestructuras, vivienda y seguridad. Sin embargo, las reuniones mantenidas entre consellers y ministros “han quedado en el olvido”, según fuentes de la Generalitat, a la vista del escaso grado de atención a las propuestas planteadas.
En total, las diferentes consellerias formularon 59 medidas para atender la emergencia, de las cuales solo 20 han sido aceptadas. Esto supone que dos de cada tres peticiones de ayuda han sido rechazadas por el Ejecutivo central.
Entre las solicitudes denegadas figuran partidas clave como 175 millones de euros para equipar colegios e institutos dañados, 45 millones para cubrir prestaciones por dependencia y ayudas extraordinarias, y 250 millones para reparar residencias y centros de día. También se rechazaron 2,6 millones para un centro de acogida temporal y 3 millones para la rehabilitación de viviendas de titularidad autonómica.
Limitación de la cesión de viviendas de la Sareb
El Gobierno ha limitado además la cesión de viviendas de la Sareb a las familias afectadas: de las 1.050 solicitadas, solo ha puesto a disposición 186. Y en materia de infraestructuras, la Generalitat ha asumido prácticamente en solitario los trabajos de reconstrucción: 600 millones invertidos en carreteras autonómicas y en la red de Metrovalencia, con una previsión de obras que podría alcanzar los 2.000 millones ante futuros episodios extremos.
Otros rechazos afectan a proyectos estratégicos como el soterramiento de las vías de Renfe en Alfafar y Sedaví, la cofinanciación de la tarjeta de transporte gratuito “Recuperem València”, y la mejora del servicio de autobuses sustitutorios de la línea C3 de Cercanías. Tampoco se han materializado las inversiones prometidas en infraestructuras críticas del Estado para adaptar el territorio al riesgo de inundación.
Asimismo, la Generalitat había solicitado 340 millones para reparar infraestructuras de regadío y caminos rurales, 199,8 millones en ayudas para viviendas dañadas y bono eléctrico, 182,5 millones para el sector hostelero, 120 millones para patrimonio cultural e industria cultural, 15 millones para el Bono Cultural y 140 millones para centros sanitarios y material médico, así como la exención del IBI de 2025 en los municipios afectados. Ninguna de estas peticiones ha prosperado.
Además, el Gobierno central ha condicionado cualquier inyección de ayudas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que, según el Consell, obliga a la Generalitat a endeudarse en casi 4.000 millones de euros adicionales. Tampoco se ha incluido a 28 municipios valencianos —con una población conjunta de 80.000 personas— en el plan de ayudas estatal, dejándolos fuera de los fondos de reconstrucción pese a los daños sufridos. Entre ellos, localidades como Carcaixent, Tous, Chulilla, Chelva, Xeraco o Benaguasil.
El contraste entre las capacidades financieras de ambas administraciones agrava la situación: mientras el Estado dispone de un presupuesto de 386.000 millones de euros, la Generalitat gestiona 32.300 millones, doce veces menos y con una capacidad de endeudamiento muy limitada. Todo ello se produce, además, en un contexto de infrafinanciación estructural de la Comunitat Valenciana, sin avances en la reforma del sistema de financiación autonómica ni en la creación del fondo de nivelación transitorio prometido por el Ejecutivo central.
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