“Ahora que estamos en periodo de reflexión y con tiempo para pensar y ver las cosas desde la distancia, me he dado cuenta de una cosa. Mucho de lo que leo y con mucha gente con la que hablo de corte más ‘progresista’ (no entiendo muy bien este término, porque yo también me considero progresista sin ser estrictamente de izquierdas), coinciden en que el Estatuto Marco para los médicos es un lastre para ellos y por tanto, como son la pieza fundamental para el funcionamiento del sistema público de Salud, un hándicap para el propio Sistema Nacional de Salud (SNS).
Es obvio que el hecho de que te paguen lo mismo por hacer o por no hacer es desmotivador. Que no puedas consolidar una plaza fija (no necesariamente en privativa) hasta que no salga un concurso público oficial, genera incertidumbre.
Que no puedas pagar por el mérito, la productividad, o los resultados obtenidos invita a no mejorar.
Entonces, por qué tanto empeño, por unos y por otros, en mantener (en un momento tan crítico para nuestro entorno sanitario, en el que la innovación y la flexibilidad marcan las reglas del juego), la negociación sobre la base del regimen estatutario frente a las posibilidades que otorga un régimen laboral convencional.
La respuesta es sencilla: poder para los sindicatos y evitar el ruido social para las autoridades.
El debate sobre el futuro del Estatuto Marco del personal sanitario no es un debate técnico ni jurídico. Es, sobre todo, un debate de modelo de sistema sanitario, de gestión del talento y de equidad profesional. Y por eso genera tantas resistencias. No porque funcione especialmente bien, sino porque reparte poder, seguridad y control entre actores muy concretos.
El régimen estatutario convierte a la administración pública en empleador único y a la negociación colectiva en un proceso centralizado. En ese contexto, los sindicatos se sitúan como interlocutores imprescindibles, con capacidad real de influencia política y normativa. El Estatuto Marco es, para ellos, una herramienta de poder estructural.
“Defender el Estatuto Marco como pilar intocable de la sanidad pública es confundir estabilidad con inmovilismo.”
Además, este modelo protege al profesional ‘medio’ frente a la diferenciación individual. La homogeneidad salarial, la promoción basada en antigüedad y la escasa evaluación del desempeño reducen conflictos internos y facilitan un discurso sindical simple y movilizador: igualdad, estabilidad y defensa de lo público.Todo ello es mucho más manejable que un sistema donde el mérito, la productividad o la responsabilidad generen diferencias retributivas y profesionales.
Hay también un factor de aversión al riesgo. Un sistema rígido, reglado y normativo reduce la discrecionalidad de los gestores y acota los conflictos laborales. Un modelo laboral moderno introduce evaluación, incentivos, movilidad y negociación descentralizada, lo que aumenta la complejidad del conflicto y diluye el papel del sindicato como garante universal.
Por último, el Estatuto Marco no está diseñado pensando en el médico como profesión singular, sino en el conjunto de los profesionales sanitarios. Y los sindicatos, lógicamente, tienden a defender el marco común, aunque eso implique ignorar la especificidad de una profesión altamente cualificada, escasa, con enorme responsabilidad clínica y jurídica.
Por el contrario, abandonar el Estatuto Marco no significa precarizar ni desproteger al médico. Significa profesionalizar de verdad la relación laboral en el sistema sanitario público.
Un régimen laboral permitiría, en primer lugar, reconocer el desempeño. Salarios y complementos podrían vincularse a la carga asistencial, la complejidad, los resultados clínicos, la implicación en docencia o investigación y la asunción de responsabilidades. Hoy, el sistema retribuye casi igual al que cumple mínimos que al que sostiene el servicio.
En segundo lugar, facilitaría carreras profesionales reales, no meramente administrativas. La promoción dejaría de depender casi exclusivamente del paso del tiempo para incorporar criterios de mérito, liderazgo clínico e impacto asistencial.
También aportaría flexibilidad organizativa, clave para adaptar horarios, turnos y estructuras a la demanda real de los pacientes y a las distintas etapas vitales del profesional. Flexibilidad no es explotación; es capacidad de adaptación mutua entre organización y médico.
Desde el punto de vista del desarrollo profesional, un modelo laboral permitiría itinerarios formativos personalizados, acuerdos con la industria, innovación tecnológica y actualización continua alineada con la práctica clínica real, algo imprescindible en una Medicina cada vez más compleja y tecnológica.
Y, quizá lo más importante, haría al sistema sanitario público competitivo en la captación y retención del talento. Hoy compite en clara desventaja frente al sector privado y frente a otros países. La consecuencia es conocida: desmotivación, fuga de profesionales y envejecimiento de las plantillas.
Defender el Estatuto Marco como pilar intocable de la sanidad pública es confundir estabilidad con inmovilismo. Lo que en su día fue un instrumento de protección hoy se ha convertido en un corsé que impide evolucionar.
Los sindicatos defienden el Estatuto Marco porque les ofrece certidumbre, poder negociador y un relato político sencillo. Pero lo que es bueno para la arquitectura sindical no tiene por qué ser lo mejor para el médico ni para el paciente.
Si queremos un sistema sanitario público sostenible, excelente y atractivo para los profesionales, el debate no es si debemos cambiar, sino cuánto más podemos permitirnos no hacerlo.
El verdadero riesgo para la sanidad pública no es el cambio. Es seguir pensando que nada puede cambiar. Y el cambio es inevitable, los sindicatos deberían de saberlo y tendrían que ser los primeros en propiciarlo porque acabara ocurriendo.”