La Unión Europea no ha avanzado en una respuesta concreta a la solicitud del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para retirar las sanciones contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, pese a que el tema se debate este lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas. La Comisión Europea evita valorar la propuesta de Madrid y reitera que cualquier revisión de las medidas restrictivas –vigentes hasta enero de 2027– se decidirá de forma colectiva por los 27 Estados miembros, sin anticipar acciones unilaterales.
Albares anunció este 19 de febrero, tras la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela, que España pediría formalmente excluir a Rodríguez del listado de sancionados, que hoy pesa sobre ella y otros 69 personas ligadas al régimen venezolano, argumentando que “las sanciones son un medio, no un fin” para fomentar el diálogo democrático y que la UE debe “enviar un signo” ante estos avances.
España logró incluir Venezuela en la agenda del Consejo de hoy, convocado para tratar paquetes de sanciones como el de Rusia, pero fuentes diplomáticas indican que no hay consenso previo sobre el caso venezolano.
Reacciones mixtas en la UE y España
La Comisión Europea, por boca de su portavoz de Exteriores, Anouar El Anouni, se muestra abierta a “todas las herramientas” para facilitar una transición democrática en Venezuela, pero insiste en que las decisiones dependen de la evolución real de derechos humanos y Estado de derecho, sin cerrar ni abrir puertas explícitamente a la petición española. No se han registrado posiciones públicas de países como Francia, Alemania o Italia hasta la fecha, aunque el bloque mantiene contacto con el Gobierno de Rodríguez para “salvaguardar intereses y principios” europeos.
En España, la oposición carga contra la iniciativa: el PP acusa al Gobierno de priorizar la impunidad chavista, mientras Vox critica el rol de José Luis Rodríguez Zapatero; Albares replicó atribuyendo cambios en Venezuela a la intervención de Donald Trump en EE.UU. Expertos y opositores venezolanos ven la amnistía como insuficiente para justificar el levantamiento, exigiendo garantías plenas antes de flexibilizar sanciones.
El Consejo de Asuntos Exteriores no ha emitido conclusiones sobre Venezuela, con Bruselas priorizando la revisión periódica de medidas restrictivas.