El Gobierno de Navarra y la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI han mantenido una reunión en el Palacio de Navarra para abordar la regulación del lobby y los pasos que la Comunidad Foral ha dado hasta el momento hacia la creación del registro de grupos de interés. En el encuentro han estado el vicepresidente primero, portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain; Montse Escudero, miembro del Comité de Regulación de APRI y Jorge Aliende, director general de la organización.
El encuentro se enmarca en el avance de la reforma de la Ley Foral de Transparencia, aprobada por el Parlamento el pasado 6 de marzo. En este sentido, APRI ha puesto a disposición del Ejecutivo foral su amplia experiencia en la regulación de la interlocución público-privada, acumulada durante más de una década colaborando con diversas administraciones.
Cabe resaltar que el Gobierno de Navarra ha dado un paso decisivo hacia mayor transparencia con la creación de un registro de grupos de interés, incluido en la reforma de esta Ley Foral de Transparencia. En noviembre de 2025, el Ejecutivo foral presentó la medida como una novedad clave del anteproyecto, que obliga a organizaciones y particulares a inscribirse para influir en políticas públicas, publicando detalles de reuniones y comunicaciones con cargos institucionales. El Parlamento navarro aceleró el proceso y aprobó la modificación legislativa, asignando su gestión a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), un órgano independiente, con desarrollo normativo pendiente vía decreto foral.
En este sentido, el Comité de Regulación de APRI impulsa activamente el desarrollo de marcos normativos que aseguren la transparencia e integridad en el diálogo entre instituciones públicas y grupos de interés. Esta colaboración refuerza el compromiso de Navarra con estándares europeos de rendición de cuentas, alineándose con los registros ya operativos en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y posicionando a la Comunidad Foral como referente en la lucha contra la opacidad en las relaciones institucionales.
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