La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de prisión para Francisco González, expresidente del BBVA, por la presunta contratación del comisario José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años. Acaba así una década de investigación judicial. Un caso de libro de cómo el espionaje sistémico puede convertir a la prensa en blanco de vigilancia, vulnerando la seguridad de los periodistas y erosionando su capacidad de trabajo independiente. No es de extrañar que el consejo de administración del Sabadell rechazara la OPA hostil lanzada por el BBVA.
Los 173 años de cárcel para Francisco González cuentan a razón de cinco años por un delito continuado de cohecho activo y 168 por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Al banco le cayó una multa de 181,1 millones de euros: 9 por cohecho y 172,8 por 48 delitos de revelación de secretos. La Fiscalía sostiene que el espionaje se hizo bajo órdenes directas de González entre 2004 y 2016, y que el sistema de prevención penal del banco fue ineficaz y dejó sin control a la presidencia y alta dirección.
Asociaciones de periodistas como APIE, APM y FAPE llevaban más de seis años denunciado que el espionaje de correos, llamadas y teléfonos de periodistas por parte del BBVA constituía un ataque directo al acceso a fuentes y a la transparencia informativa, creando un clima de miedo y autocensura. La sentencia marca un precedente. Por fin, vulnerar la confidencialidad de fuentes tiene un precio.
¿Le habrá valido la pena a González? ¿Le habrá valido la pena al BBVA? ¿Dónde quedan los límites de la libertad de prensa? ¿Hasta dónde puede llegar una gran corporación para alcanzar sus objetivos? Los 178 años para Francisco González y los 181 millones para el BBVA se quedan cortos para pagar la factura de la credibilidad del sistema.