La Comunidad Valenciana ha puesto en marcha el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, una medida impulsada por el Gobierno central que comienza a aplicarse con la participación activa de entidades sociales y organizaciones colaboradoras. Estas entidades serán clave para acompañar a los solicitantes en la tramitación, resolver dudas y facilitar un procedimiento que se prevé complejo por el volumen de personas potencialmente beneficiarias.
El objetivo de esta regularización es ofrecer una vía legal y ordenada para aquellas personas extranjeras que ya residen en España, favoreciendo su integración social y laboral y reduciendo situaciones de vulnerabilidad. Desde el ámbito social, diversas organizaciones han valorado positivamente el inicio del proceso, destacando la importancia de garantizar derechos y estabilidad a quienes llevan tiempo viviendo en el país.
En paralelo, el debate político en torno a la gestión migratoria continúa abierto. El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que “a fecha de 31 de marzo, la Comunidad Valenciana atiende a 595 migrantes no acompañados y estamos cumpliendo con la ley”. Además, ha subrayado que el sistema autonómico de protección al menor dispone de unas 1.800 plazas.
Pérez Llorca ha expresado su preocupación ante el nuevo modelo de acogida planteado por el Ejecutivo central, al considerar que podría suponer la llegada de cerca de 1.900 menores extranjeros no acompañados adicionales “sin financiación, sin recursos ni infraestructuras”. En este sentido, ha anunciado la intención de recurrir el decreto ante los tribunales, al entender que podría tensionar los servicios públicos autonómicos.
Mientras tanto, desde el ámbito institucional y social se insiste en la necesidad de coordinar esfuerzos entre administraciones y entidades para garantizar una acogida digna, eficaz y sostenible. La colaboración entre administraciones públicas y el tejido asociativo será determinante en las próximas semanas para asegurar que el proceso de regularización se desarrolle con garantías y con un enfoque centrado en los derechos humanos.