REGULACIÓN, REPUTACIÓN Y LEGITIMIDAD YA FORMAN PARTE DE LA MISMA CONVERSACIÓN EMPRESARIAL

¿Por qué los Asuntos Públicos ganan peso dentro de los Asuntos Corporativos?

ÁNGEL ALLOZA, CEO DE CORPORATE EXCELLENCE, CONVERSA CON PRNOTICIAS SOBRE ESTE CAMBIO DENTRO DE LAS EMPRESAS

“Cualquier organización, independientemente de su tamaño, necesita desarrollar dos capacidades clave: por un lado, comprender e interpretar cómo evoluciona el contexto social, regulatorio e institucional, y anticipar sus implicaciones; y, por otro, gestionar de forma activa su legitimidad, su identidad y sus relaciones con los grupos de interés para construir confianza. Es cierto que en las grandes compañías estas funciones están más desarrolladas y formalizadas. Sin embargo, no es tanto una cuestión de tamaño como de nivel de exposición. También las organizaciones más pequeñas necesitan incorporar esta doble mirada, aunque lo hagan con estructuras más ligeras. La diferencia no está en la necesidad, que es transversal, sino en el grado de estructuración y sofisticación con el que cada organización articula estas capacidades”

El auge de los departamentos de Public Affairs y la sofisticación del lobby empresarial están abriendo un debate dentro de las organizaciones sobre el papel que deben ocupar los Asuntos Públicos en la estrategia corporativa. La función centrada casi exclusivamente en interlocución institucional y regulación empieza a ganar peso en las decisiones vinculadas a los Asuntos Corporativos desde la perspectiva de la influencia, la reputación y la sostenibilidad. La pregunta ahora no es quién gestiona la reputación o la relación institucional, sino quién interpreta mejor el poder, la regulación y la legitimidad que condicionan el negocio.

La discusión ya está dentro de las organizaciones, las consultoras y también la academia. Cada vez más compañías revisan cómo conectar reputación, regulación y legitimidad en un momento en el que una decisión política puede afectar al negocio con la misma rapidez que una crisis reputacional.

PRNoticias conversa con Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, sobre este debate dentro de las organizaciones, indistintamente de su tamaño. En esta entrevista analiza las diferencias entre Asuntos Públicos y Asuntos Corporativos, el peso que ambas funciones tienen en la toma de decisiones y los sectores donde esta relación resulta más relevante. También explica por qué las compañías están incorporando Public Affairs en el centro de sus estructuras corporativas y qué retos afrontan tanto los profesionales del sector como las universidades y escuelas de negocio encargadas de formar a los nuevos perfiles directivos.

Lo primero, hablemos de la diferencia entre Asuntos Corporativos y Asuntos Públicos.

La diferencia no está tanto en el “qué”, sino en el alcance y el nivel desde el que operan. Los Asuntos Públicos son una función especializada, centrada en la relación con el entorno político y regulatorio, con foco en la interlocución institucional y la anticipación normativa. Los Asuntos Corporativos, en cambio, tienen un alcance más amplio y estratégico. Actúan como una función integradora que engloba distintas capacidades, entre ellas, los propios Asuntos Públicos, junto con la comunicación, la reputación, la marca o la sostenibilidad, con el objetivo de gestionar los activos intangibles y construir confianza con todos los grupos de interés. En síntesis: los Asuntos Públicos forman parte de los Asuntos Corporativos, que operan como la función que conecta la lectura del entorno con la estrategia y la toma de decisiones de la organización.

¿En qué momento vital una organización necesita ambas funciones?

Más que responder a un momento concreto del ciclo de vida, se trata de una necesidad estructural derivada del propio contexto en el que operan hoy las organizaciones. Las empresas se enfrentan a entornos marcados por riesgos geopolíticos, cambios regulatorios constantes, presión social y un escrutinio público constante. En este escenario, la relación con el entorno deja de ser una dimensión operativa para convertirse en un elemento estratégico que condiciona directamente la actividad y la viabilidad del negocio.

¿Hablamos solo para grandes organizaciones o también de las pequeñas?

Cualquier organización, independientemente de su tamaño, necesita desarrollar dos capacidades clave: por un lado, comprender e interpretar cómo evoluciona el contexto social, regulatorio e institucional, y anticipar sus implicaciones; y, por otro, gestionar de forma activa su legitimidad, su identidad y sus relaciones con los grupos de interés para construir confianza. Es cierto que en las grandes compañías estas funciones están más desarrolladas y formalizadas. Sin embargo, no es tanto una cuestión de tamaño como de nivel de exposición. También las organizaciones más pequeñas necesitan incorporar esta doble mirada, aunque lo hagan con estructuras más ligeras. La diferencia no está en la necesidad, que es transversal, sino en el grado de estructuración y sofisticación con el que cada organización articula estas capacidades.

Y las que necesitan ambas funciones, ¿deben tener dos departamentos o uno solo?

La clave no reside tanto en si la organización cuenta con uno o dos departamentos, sino en cómo se articula estratégicamente la relación entre ambas funciones. En la práctica, los Asuntos Públicos suelen integrarse dentro de los Asuntos Corporativos, que operan como una función de alta dirección con una visión transversal, integradora y orientada a negocio. No obstante, en algunas compañías, especialmente en sectores altamente regulados, pueden existir como áreas independientes, aunque alineadas.

¿Hay algún punto crítico que deba tomarse en cuenta?

Lo verdaderamente crítico es evitar una lógica fragmentada. Aunque existan equipos o especialidades diferenciadas, es imprescindible que operen bajo un marco común de gestión que conecte la lectura del entorno con la gestión estratégica de los activos intangibles y, en última instancia, con la toma de decisiones de la organización.

¿De qué sectores estamos hablando?

Es una tendencia transversal, aunque especialmente se observa mayores avances y consolidación en sectores con alta exposición regulatoria o institucional como energía, banca, telecomunicaciones o tecnología. No obstante, el aumento del escrutinio público y la relevancia de los intangibles está extendiendo esta necesidad a prácticamente todos los sectores. Las organizaciones operan en sociedades donde las decisiones políticas, los cambios regulatorios y los debates sociales influyen en su desarrollo. Este hecho, está ampliando el alcance de esta necesidad, haciendo que cada vez más organizaciones integren una gestión estratégica de su relación con el entorno como parte de su forma de operar.

¿Por qué la integración de Asuntos Públicos dentro de Asuntos Corporativos es clave para reforzar la legitimidad, la reputación y la licencia social para operar en el largo plazo?

Porque ambas funciones trabajan sobre el mismo espacio: la relación entre la empresa y su entorno. Los Asuntos Públicos aportan la capacidad de interpretar lo que ocurre fuera: regulación, debate social, dinámicas institucionales. Los Asuntos Corporativos traducen esa lectura en posicionamiento, decisiones y construcción de reputación y confianza. La integración permite conectar contexto y acción. Sin esa conexión, pierde capacidad de anticipación o ejecución.

¿Cómo influye la correcta articulación entre ambas funciones en la capacidad de la empresa para tomar decisiones estratégicas coherentes y sostenibles?

Influye de manera directa porque permite pasar de una lógica de funciones separadas a un modelo integrado de toma de decisiones. Es decir, permite pasar de decisiones fragmentadas a decisiones estratégicas e integradas. Cuando ambas funciones están alineadas, la empresa no solo reacciona al entorno, sino que incorpora esa lectura desde el inicio en su estrategia. De esta forma, cuando los Asuntos Públicos y los Asuntos Corporativos se articulan de forma coherente, la empresa gana capacidad para anticipar cambios, interpretar las expectativas sociales y actuar con mayor criterio estratégico. Es decir, no solo reacciona ante el contexto, sino que integra esa lectura en sus procesos de decisión.

En la práctica, ¿esto en qué se traduce?

Se traduce en decisiones más informadas, pero también más consistentes, porque están alineadas tanto con las demandas del entorno como con la identidad, el propósito y los objetivos de la organización. En definitiva, la correcta articulación entre ambas funciones permite que la empresa tome decisiones que no solo son eficaces en el corto plazo, sino también sostenibles en el largo plazo, reforzando su capacidad para competir, crecer y mantener su legitimidad en contextos cada vez más exigentes.

¿Qué deben saber los profesionales que ya ejercen una u otra función, que hasta ahora no han tomando en cuenta?

Que el modelo tradicional, basado en funciones separadas, ha quedado limitado para responder al contexto actual. Hoy, el valor está en la conexión y en la capacidad de integrar miradas. En este sentido, los Asuntos Corporativos actúan como la función paraguas, encargada de articular de forma coherente la relación de la empresa con su entorno y de conectar esa lectura con la estrategia, la toma de decisiones y la gestión de los activos intangibles: comunicación, marca, reputación o sostenibilidad.

¿Cuál es el verdadero reto para los profesionales?

Los profesionales de Asuntos Públicos deben comprender el impacto reputacional, comunicativo y estratégico de su actividad, más allá de la interlocución institucional. Y, al mismo tiempo, los de Asuntos Corporativos deben incorporar de forma estructural la lectura del entorno regulatorio, social e institucional como un input clave para orientar la narrativa, el posicionamiento y la acción de la organización. El reto, por tanto, no es solo hacer bien cada función por separado, sino entender cómo se articulan y se refuerzan mutuamente bajo un mismo marco. Es en esa integración donde realmente se genera coherencia, legitimidad y valor para la organización.

Y para las universidades y escuelas de negocio que imparten distintos máster sobre ambas materias, ¿cuál es el reto?

El principal reto es adaptarse a un cambio de paradigma que ya se está produciendo en las organizaciones. Hoy, las empresas demandan perfiles capaces de integrar ambas miradas, con pensamiento estratégico, visión transversal y capacidad para tomar decisiones. Esto implica evolucionar desde modelos formativos separados hacia programas que conecten disciplinas y preparen para gestionar de forma integrada la relación entre la empresa y su entorno. Pero, además, las universidades tienen la responsabilidad de preparar a los profesionales para gestionar los activos intangibles, que hoy representan, de media, más del 50% del valor de las empresas, y que en algunos sectores pueden superar el 90%. Esto no es una cuestión conceptual, sino económica y estratégica: los intangibles han dejado de ser “blandos” para convertirse en activos críticos, auténticos hard drivers, que determinan la capacidad de competir, diferenciarse y sostener el negocio en el largo plazo.

Danos un ejemplo…

Iniciativas como The Global Chief Corporate Officer, desarrollado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y ESADE, responden a esta necesidad al formar a perfiles de alta dirección con una visión integral de los Asuntos Corporativos, orientada a generar diferenciación, legitimidad social, confianza, reputación, advocacy y una gestión avanzada de los stakeholders. No obstante, más allá del enfoque específico de cada programa, el verdadero desafío para el ámbito académico es formar profesionales capaces de comprender el contexto en toda su complejidad, integrar dimensiones regulatorias, sociales, reputacionales y de negocio, y trasladarlas a la toma de decisiones con un criterio verdaderamente estratégico.

¿Dónde dejamos a la IA en todo este proceso?

Aunque la inteligencia artificial está redefiniendo procesos, modelos de negocio y la forma en que se gestiona la información, pero los intangibles como la confianza, la reputación, la legitimidad o la relación con los grupos de interés, seguirán siendo diferenciales clave. Precisamente, mientras más automatizados son los procesos, lo que no es replicable tecnológicamente adquiere mayor valor. Gestionarlos bien será, más que nunca, determinante para el futuro de cualquier organización.

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