El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. La reforma tiene como objetivo principal reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos y evitar que las condiciones económicas dificulten la continuidad de los tratamientos, en un contexto de aumento del coste de vida e incertidumbre económica.
El Ejecutivo considera necesario adaptar el modelo vigente de copago para corregir desigualdades detectadas en determinados colectivos, especialmente entre pacientes con rentas bajas y medias. Estos grupos, pese a no estar exentos, soportaban una carga económica significativa debido a tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. La nueva normativa introduce un sistema más progresivo sin incrementar la aportación actual de los distintos colectivos.
Diversos análisis técnicos del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han advertido de que ciertos niveles de copago pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica. Esta situación puede derivar en interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos, con consecuencias tanto para la salud de los pacientes como para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
Más tramos y nuevos límites de aportación
Entre las principales novedades destaca la ampliación de los niveles de aportación para personas activas, que pasan de tres a seis tramos de renta. Esta medida permite ajustar de forma más precisa los porcentajes de copago. Asimismo, se establecen nuevos topes máximos mensuales para quienes tengan una renta inferior a 35.000 euros, con el fin de reducir el impacto económico en pacientes crónicos o polimedicados.
En el caso de los pensionistas, la reforma revisa los tramos de aportación e introduce un nuevo nivel intermedio para rentas entre 18.000 y 60.000 euros. También se actualizan los límites máximos mensuales y se garantiza la exención automática para perceptores de complementos por mínimos. La norma mantiene además las exenciones para colectivos vulnerables e incorpora a los beneficiarios del complemento de ayuda para la infancia. Según el Ministerio de Sanidad, la medida tendrá un impacto presupuestario de 265,63 millones de euros y contribuirá a mejorar la adherencia a los tratamientos y reducir complicaciones evitables.
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