La presión política y judicial sobre la relación entre empresas y poder vuelve a colocar al lobby en el centro del debate público español. Ante las crecientes sospechas, investigaciones y desgaste institucional, el sector de los asuntos públicos reclama una regulación que permita diferenciar la influencia legítima de las prácticas opacas.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa a los profesionales de los asuntos públicos y el lobby en España, ha reclamado esta semana a los grupos parlamentarios a través de un comunicado, que “actúen con responsabilidad, retomen el diálogo y aprueben de forma urgente la regulación estatal del lobby que se encuentra en tramitación parlamentaria”.
Consideran que, ante las informaciones conocidas en los últimos días y el creciente debate público sobre la influencia en la toma de decisiones, es importante recordar que el lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales.
“El lobby es una actividad profesional legítima y necesaria en una democracia avanzada: consiste en defender un interés legítimo ante la Administración pública o el poder político, trasladando de forma ética y transparente propuestas, datos, argumentos e información relevante para mejorar la calidad de las políticas públicas”, explican.
El Código Penal como límite
Los lobistas profesionales explican que el tráfico de influencias y la corrupción pertenecen al ámbito del Código Penal, y que el lobby pertenece al ámbito de la transparencia, la participación y la representación de intereses. “Confundir ambos planos daña el debate público, erosiona la confianza en las instituciones democráticas y perjudica a quienes ejercen esta profesión de forma ética, abierta y responsable”, señalan en el comunicado.
Concluyen que “cada día sin ley es un día más de confusión, opacidad y deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones”.
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