El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso presentado contra la normativa que reguló la consulta a las familias para elegir la lengua base de escolarización de sus hijos a partir del curso 2025-2026.
La resolución avala el procedimiento desarrollado por la Conselleria de Educación y rechaza las alegaciones formuladas por un grupo de diputados de Compromís. Además, el tribunal condena a los recurrentes al pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 1.800 euros. No obstante, la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo o ante la propia sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.
Según ha destacado el Consell, el fallo respalda el modelo recogido en la Ley de Libertad Educativa, que permite a las familias decidir la lengua vehicular de referencia para la educación de sus hijos. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha interpretado la decisión como una validación de la apuesta por la participación de los padres frente al sistema anterior, basado en los proyectos lingüísticos de cada centro.
Entre los aspectos más relevantes de la sentencia figura el rechazo a los argumentos que apuntaban a una posible segregación por razón de lengua. El tribunal considera que el sistema es compatible con los principios de inclusión y con la autonomía de los centros educativos. Asimismo, concluye que no se ha demostrado una reducción de la presencia del valenciano en las aulas como consecuencia de la aplicación de la norma.
Los magistrados también dan por válido el desarrollo telemático de la consulta y descartan que fuera necesaria una memoria económica específica, al entender que la disposición impugnada tenía un carácter meramente procedimental. La decisión llega en plena negociación entre Educación y los sindicatos convocantes de la huelga docente, que mantienen la defensa del valenciano como lengua vehicular como una de sus principales reivindicaciones.