Durante la última emisión del programa Todo Es Mentira (Cuatro), la presentadora Laila Jiménez ha abordado la polémica sobre los límites de los servicios de consultoría y la falta de control en ciertas asesorías vinculadas a expolíticos. El espacio contó con la intervención de Carlos Parry, representante de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI).
Durante la entrevista, Carlos Parry subrayó que el origen de estos escándalos radica en un vacío legal: “En España sigue sin haber una regulación que determine cómo se relaciona el ámbito privado con el ámbito público”. Según explicó, si existiera una ley clara, se evitarían este tipo de debates, ya que quedaría perfectamente delimitado quién ejerce una labor de consultoría de forma correcta.
Los contratos como norma frente a los “informes verbales”
El debate se centró en si un simple almuerzo o una charla sin informes escritos puede considerarse un servicio formal de consultoría. Ante las preguntas de Laila Jiménez sobre si es normal trabajar sin ningún tipo de contrato, Parry fue tajante: en el ámbito profesional estandarizado siempre existe una trazabilidad, una propuesta de trabajo y un contrato o constancia por escrito que definan el objeto del servicio. Además, las empresas suelen someter estos procesos a auditorías y compliance para justificar de forma efectiva el pago de los trabajos.
En la tertulia, se puso sobre la mesa que las asesorías verbales no son de por sí ilegales, ya que el consejo técnico de un experto en una reunión de dos horas podría llegar a evitar pérdidas millonarias a un empresario. Sin embargo, Parry aclaró que, aunque se comparta información técnica y rigurosa durante una comida de trabajo, esto “no es una comida de amigos” y siempre debe estar enmarcado en un presupuesto y una aceptación previos. Trabajar sin ningún tipo de trazabilidad “no es la norma habitual” en la profesión.
El caso “Análisis Relevante”
La entrevista también analizó las recientes informaciones sobre la empresa Análisis Relevante y la presunta facturación de medio millón de euros por servicios de consultoría oral por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los colaboradores del programa señalaron que la falta de hojas de encargo o presupuestos en este caso específico ha llevado al magistrado Calama a señalar indicios de presunto blanqueo de capitales, al carecer de cualquier soporte documental.
Sobre el papel de los antiguos altos cargos en este sector, el representante de APRI dejó clara la postura de los profesionales: “Un expresidente de gobierno es expresidente del gobierno, no es un consultor”.
La entrevista concluyó con un llamamiento implícito a la profesionalización y transparencia del sector, recordando que las tarifas de las consultoras responden a precios de mercado tasados por hora, basados en la experiencia y el trabajo real de preparación, y no en la simple asistencia a comidas.
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