La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha mostrado su respaldo al acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que solicita al Ministerio de Justicia que reconsidere la denegación de la autorización económica para prorrogar distintas medidas de refuerzo en órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.
La consellera ha advertido de que esta decisión supondrá un importante perjuicio para el funcionamiento de la Administración de Justicia y para los ciudadanos, al afectar a órganos que soportan una elevada carga de trabajo y cuya actividad resulta esencial para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz.
En este sentido, ha subrayado que el propio TSJCV ha alertado de las “negativas consecuencias” que tendrá la supresión de estos refuerzos, especialmente en las plazas especializadas en condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias, así como en otros tribunales de instancia y audiencias provinciales de la Comunitat Valenciana.
“La Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico. Compartimos plenamente la preocupación expresada por la Sala de Gobierno del TSJCV y consideramos imprescindible que el Ministerio reconsidere esta decisión para evitar un aumento de los tiempos de respuesta y un mayor colapso en órganos judiciales que ya trabajan con una elevada carga de asuntos”, ha asegurado la consellera.
La responsable de Justicia ha recordado que la mayoría de las medidas cuya prórroga ha sido denegada contaban con informe favorable de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que evidencia su necesidad para garantizar el normal funcionamiento de los órganos afectados.
En concreto, tal y como explica el TSJCV, el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las alrededor de 30 medidas de refuerzo que habían sido solicitadas para la Comunitat Valenciana que contaban con informe favorable de la inspección del CGPJ, en su mayor parte como prórrogas.
Asimismo, la titular de Justicia ha explicado que la continuidad de estos refuerzos no solo beneficia a jueces y funcionarios, sino que constituye una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos se resuelvan en plazos razonables.
Por ello, la Conselleria de Justicia se ha sumado a la petición formulada por el TSJCV para que el Consejo General del Poder Judicial inste al Ministerio de Justicia a revisar esta decisión y autorice la financiación necesaria para mantener unas medidas de refuerzo que resultan imprescindibles para preservar la calidad del servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana.
“La Generalitat trabaja en su día a día para garantizar la correcta prestación de la Administración de Justicia, y se esfuerza para mejorarla pese a la situación de infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana. La ciudadanía tiene que contar con el mejor servicio público posible y en ese fin debemos volvamos todas las administraciones implicadas en su prestación”, ha defendido.