La tensión entre COPE y Cadena SER ha vuelto a escalar tras las acusaciones de la primera sobre la existencia de supuestas “emisoras pirata” vinculadas a su principal competidor. Desde COPE apuntan a que determinadas frecuencias utilizadas por la SER operarían en una situación administrativa irregular, lo que, a su juicio, distorsiona el mercado y perjudica la competencia.
Según la cadena episcopal, el problema es persistente y se habría intensificado en los últimos años debido a la falta de concursos públicos para adjudicar nuevas licencias. Esta situación, sostienen, ha propiciado que algunas emisoras funcionen en un “limbo legal”, ampliando cobertura sin el respaldo de una concesión oficial.
Desde la SER, sin embargo, rechazan de plano estas acusaciones y recuerdan que el mapa radiofónico español arrastra “irregularidades históricas” que afectan a prácticamente todos los operadores. En este sentido, fuentes del grupo señalan que la realidad del sector es compleja y que muchas frecuencias responden a adaptaciones técnicas o administrativas toleradas durante años por las autoridades.
Un conflicto estructural del sector
El choque entre ambas cadenas pone de relieve un problema de fondo en la radio española: la distancia entre el mapa legal de frecuencias y la red real de emisiones. Expertos del sector coinciden en que no se trata de un fenómeno exclusivo de una sola empresa, sino de una práctica extendida que ha permitido a las grandes cadenas mantener su competitividad en un entorno altamente fragmentado.
En este contexto, COPE reclama una revisión en profundidad del sistema de concesiones y una mayor vigilancia por parte de la Administración para garantizar la igualdad de condiciones. La cadena considera que la existencia de emisoras sin licencia supone una ventaja competitiva injusta en términos de cobertura y captación publicitaria.
Mientras tanto, la disputa se enmarca también en la batalla por el liderazgo de audiencia, donde la SER mantiene su posición dominante según los últimos datos del EGM, con COPE consolidada como segunda opción. Un escenario en el que las acusaciones cruzadas forman parte de una rivalidad histórica que, lejos de apagarse, vuelve a intensificarse en pleno debate sobre la regulación del espectro radiofónico.
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