«¿Y eso es lobby o no?». Esa es, según Eliezer Santana, coordinador de APRI Canarias, la pregunta que más escucha cuando explica en qué consiste su trabajo. También es, a su juicio, la cuestión que marcará el futuro de los asuntos públicos en Canarias, donde el Gobierno autonómico ultima la futura Ley de Gobierno Abierto, una norma que regulará por primera vez la actividad de los grupos de interés en el archipiélago.
La futura ley incorporará instrumentos como un registro de grupos de interés, un código de conducta, la huella normativa y un régimen sancionador, con el objetivo de reforzar la transparencia y ordenar la interlocución entre representantes públicos y organizaciones. Paralelamente, el proyecto de ley estatal sobre lobbies continúa su tramitación en el Congreso, aunque por el momento se limita a la Administración General del Estado y deja fuera a comunidades autónomas y entidades locales.
En este contexto, Santana considera que la regulación supone una oportunidad para el sector. «La regulación no persigue prohibir la influencia, sino ordenarla y hacerla trazable», afirma. En su opinión, disponer de un marco normativo aporta seguridad jurídica tanto a los responsables públicos, que conocen con quién mantienen reuniones, como a los profesionales de las relaciones institucionales, que desarrollan su actividad dentro de unas reglas reconocidas.
El coordinador de APRI Canarias sostiene además que el principal desafío para la profesión va más allá del cumplimiento de la futura normativa. A su juicio, el sector debe anticiparse y consolidar sus propios estándares de actuación antes de que estos sean impuestos por la regulación. «Ahí es donde el sector se juega su credibilidad», señala.
Las declaraciones de Santana en su red social LinkedIn coinciden con la posición defendida por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que ha reclamado en diversas ocasiones la aprobación de una ley de lobbies en España, después de que la Comisión Europea reiterara la necesidad de reforzar la transparencia, la integridad institucional y la calidad democrática.
Para Santana, el debate de fondo sigue siendo el mismo: establecer con claridad la diferencia entre la influencia legítima y las prácticas opacas. «Influir es legítimo. Hacerlo a oscuras, no. Todo el matiz está ahí», concluye.
Seguiremos Informando…