AP Institute celebra la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 21/2026, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que regula por primera vez de manera integral su relación con la Administración General del Estado y su sector público institucional.
Para la institución académica especializada en asuntos públicos, la norma representa un avance largamente esperado en España. El nuevo marco reconoce a los grupos de interés como actores que ejercen legítimamente una actividad de influencia en el diseño de políticas y en la adopción de decisiones públicas, siempre que lo hagan de manera responsable y transparente.
«Después de muchos años de espera, España da finalmente un paso decisivo para reconocer y ordenar una actividad legítima que forma parte del funcionamiento habitual de las democracias más avanzadas. La participación de empresas, asociaciones y organizaciones sociales aporta conocimiento y pluralidad al proceso de toma de decisiones públicas», afirma Joan Navarro, presidente de AP Institute.
La regulación aporta además mayor seguridad jurídica a empresas, organizaciones sociales, patronales, asociaciones y consultoras. La existencia de reglas claras permitirá conocer quién trata de influir, qué intereses representa y qué actuaciones desarrolla, contribuyendo a diferenciar la interlocución legítima de las prácticas de influencia indebida.
El Real Decreto-ley crea un registro estatal público, gratuito y obligatorio, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La inscripción será previa al ejercicio de la actividad de influencia y permitirá conocer, entre otros aspectos, la identidad de los grupos y sus representantes, los intereses defendidos, sus fuentes de financiación, las reuniones mantenidas y la documentación presentada ante la Administración.
La norma también obliga a hacer públicos los contactos y reuniones, establece principios de conducta y crea una huella normativa que permitirá identificar las aportaciones realizadas por los grupos de interés y conocer cuáles han incidido en el contenido final de una norma y cuáles no.
Asimismo, incorpora un régimen sancionador para los incumplimientos, con multas de hasta 40.000 euros y la posibilidad de cancelar la inscripción e impedir el ejercicio de la actividad durante un máximo de cinco años.
«La aprobación de esta regulación es una buena noticia para la democracia y para quienes ejercen los asuntos públicos con rigor. El lobby es una forma legítima de participación en la vida pública. Lo que necesitábamos era un marco claro que permitiera saber quién participa, a quién representa y con qué propuestas», señala Navarro.
El presidente de AP Institute considera que la regulación responde también a una necesidad empresarial ya consolidada. Las compañías operan en entornos políticos y regulatorios cada vez más complejos y necesitan comprenderlos, anticipar sus impactos y mantener una interlocución profesional con las administraciones.
«Es una muy buena noticia para seguir avanzando en la consolidación de los asuntos públicos como una actividad profesional de primer nivel. La norma responde a una realidad empresarial evidente y proyectará un crecimiento rápido del sector hasta situar a España a la altura de los principales países europeos», sostiene Navarro.
El nuevo marco aproxima España al Registro de Transparencia de la Unión Europea y a los sistemas establecidos en países de referencia como Francia y Alemania. Para AP Institute, esta equiparación favorecerá el desarrollo de estándares comunes de transparencia, cumplimiento, trazabilidad y responsabilidad profesional.
El Real Decreto-ley entra en vigor el 27 de agosto y deberá ser sometido a convalidación por el Congreso de los Diputados en el plazo constitucionalmente establecido. AP Institute confía en que la Cámara convalide la norma y considera esencial que su aplicación garantice un registro accesible y operativo, obligaciones proporcionadas y mecanismos eficaces de supervisión.
La institución considera que la regulación favorecerá una mayor profesionalización del sector y contribuirá a superar algunos de los prejuicios que todavía rodean a la actividad de influencia. La capacidad de interlocución ya no puede asociarse únicamente a una agenda de contactos, sino que debe sustentarse en el conocimiento regulatorio, la metodología, la evidencia, la anticipación de impactos y la formulación de propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas.
«La norma abre una nueva etapa para una profesión en auge y eleva sus estándares. A partir de ahora será todavía más importante contar con profesionales capaces de combinar estrategia, conocimiento institucional, ética y cumplimiento normativo. La transparencia no limita los asuntos públicos; al contrario, aporta seguridad jurídica, fortalece su reputación y protege a todos los participantes», añade Navarro.
La regulación también reconoce el valor del conocimiento externo para la toma de decisiones. Empresas, organizaciones sociales, asociaciones sectoriales y otros actores aportan información técnica, datos y experiencias que permiten a las administraciones comprender mejor el impacto de sus decisiones. Una interlocución transparente, plural y trazable puede contribuir, por tanto, a elaborar políticas públicas mejor informadas.
La defensa de unos asuntos públicos profesionales, éticos y transparentes forma parte del ADN de AP Institute. Sus programas académicos incorporan de manera transversal la integridad, la transparencia, el cumplimiento normativo y la responsabilidad en las relaciones entre los sectores público y privado.
Para AP Institute, la aplicación efectiva del nuevo marco deberá ir acompañada de formación especializada y de una cultura profesional que integre la transparencia, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la actividad. La institución se pone a disposición de las administraciones, las organizaciones profesionales y la sociedad civil para contribuir al desarrollo de una actividad de influencia responsable, transparente y orientada al interés general.
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