La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por el grupo ecologista Acció Ecologista Agró contra el proyecto constructivo del nuevo muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Con este fallo, la justicia da vía libre definitiva para continuar con el desarrollo de la nueva terminal de contenedores del recinto valenciano.
La controversia judicial se centraba principalmente en determinar si el proyecto, que fue retomado con una redacción actualizada en 2021, requería someterse a una nueva evaluación ambiental. El Alto Tribunal valenciano ha concluido de forma categórica que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada el 30 de julio de 2007 se mantiene plenamente vigente. La Sala fundamenta esta decisión en que las obras contempladas en la primera fase del proyecto no habían concluido y en que la segunda fase forma parte del “mismo único proyecto” de ampliación original.
Modificaciones sin impacto adverso significativo
Aunque la sentencia reconoce que las modificaciones introducidas en el proyecto actualizado en 2021 son de “muy notable envergadura respecto al proyecto originario”, argumenta que estas no constituyen un nuevo proyecto que exija una nueva evaluación ambiental, ni siquiera en su modalidad simplificada. Según lo estipulado en la Ley de Evaluación Ambiental, la Sala destaca que dichos cambios no acarrean “innovaciones que pudieran tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”.
A este respecto, el tribunal decidió fallar en contra del criterio de un perito ingeniero de caminos designado por la propia corte, quien había recomendado redactar una nueva DIA. Los magistrados señalaron que dicho informe pericial omitió profundizar en aspectos clave del análisis que se le habían encomendado expresamente (como el estudio detallado de las emisiones atmosféricas del tráfico marítimo, el uso de recursos naturales, los vertidos al litoral, la generación de residuos o la posible afección al Parque Natural de l’Albufera). Asimismo, indicaron que ese dictamen se apoyaba de forma desproporcionada en un informe de la asociación demandante (Agró) que no contemplaba las modificaciones técnicas añadidas al proyecto entre 2018 y 2020.
Por el contrario, el TSJCV otorgó una mayor credibilidad al dictamen pericial encargado por la Autoridad Portuaria de Valencia, fechado en febrero de 2022, valorando su solidez metodológica y la coherencia de sus conclusiones, así como a una nota técnica emitida en abril de 2021 por la dirección de Planificación y Desarrollo que contaba con la conformidad del presidente de Puertos del Estado.
Viabilidad económica y satisfacción portuaria
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, ha manifestado su “plena satisfacción” por el sentido de la sentencia, un sentimiento compartido por la comunidad portuaria valenciana. Chao ha reiterado que esta futura terminal de contenedores resulta “fundamental para reforzar el posicionamiento de Valenciaport en el mercado global de la logística y el transporte”, impulsando la actividad industrial y la creación de puestos de trabajo.
La envergadura económica del proyecto es de primer orden: la ejecución de la obra pública del muelle de contenedores requerirá un presupuesto de licitación de en torno a los 660 millones de euros (aproximadamente 600 millones a cargo de la Autoridad Portuaria). Por su parte, la multinacional Terminal Investment Limited (TiL), filial de la naviera MSC encargada de la explotación comercial de la terminal de contenedores, proyecta una inversión privada complementaria que superará los 1.000 millones de euros.
A nivel político, el proyecto cuenta con un firme respaldo institucional que trasciende siglas: es defendido activamente tanto por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia (ambos gestionados por el PP), como por el propio Ministerio de Transportes del Gobierno de España (dirigido por el ministro socialista Óscar Puente), amparándose en su potencial tractor de empleo y competitividad y en la aplicación de medidas correctoras que mitigan el impacto ambiental.
Margen de recurso
El conflicto ambiental, liderado de forma social por la Comissió Ciutat-Port —en la que se integran agrupaciones como Compromís y Podemos, sindicatos y colectivos ciudadanos contrarios a la ampliación por sus potenciales afecciones en las playas del sur y en l’Albufera—, podría prolongar su andadura judicial. Acció Ecologista Agró dispone todavía de la posibilidad legal de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia del tribunal autonómico valenciano.