Este 21 de septiembre, el juez instructor Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La decisión, adoptada en Madrid, envía el caso ante un jurado popular en la Audiencia Provincial y se produce tras más de dos años de investigación centrada en la creación y puesta en marcha de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, en medio de un fuerte debate sobre los límites entre actividad profesional privada y posición institucional.
En España, el tráfico de influencias está tipificado en los artículos 428 a 430 del Código Penal y castiga a quien, prevaliéndose de su posición o relaciones con una autoridad o funcionario público, influya para obtener una resolución o beneficio que genere un lucro para sí o para un tercero, incluso sin que llegue a mediar dádiva económica. Las penas pueden incluir prisión, multa e inhabilitación para empleo o cargo público.
En el caso de Gómez, el magistrado considera que se habría “prevalido” de su condición de esposa del presidente para desarrollar una red de contactos e influencias destinada a impulsar su actividad académica y profesional, en particular la citada cátedra. El auto, no recurrible, mantiene los delitos de tráfico de influencias y malversación tras las correcciones previas de la Audiencia de Madrid, y fija el marco fáctico que deberá probarse en la vista oral.
La defensa y la Fiscalía mantienen su petición de absolución, mientras que la acusación popular solicita 13 años de prisión. ¿Qué ocurrirá ahora en el juicio y cómo afectará este proceso a la percepción de integridad en el sector público y a la confianza en las instituciones? Se trata de un asunto espinoso, pero resulta necesario analizarlo, porque será tema de interés mediático en los próximos meses; de hecho, aún no hay fecha fijada para la vista oral y el debate público sobre sus implicaciones apenas comienza. Para comprender la lógica de la tesis judicial, cuatro elementos resultan determinantes:
La posición institucional como punto de partida. El instructor aprecia que la condición de Begoña Gómez como esposa del presidente habría facilitado un acceso excepcional a interlocutores públicos y privados. La relevancia penal no estaría en su actividad profesional por sí sola, sino en la eventual utilización de esa posición para obtener un trato o unos apoyos que no se habrían producido en condiciones ordinarias.
La reunión con el rector en Moncloa. Uno de los hechos destacados es el encuentro con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, en el Palacio de la Moncloa. Para el juez, el lugar y el contexto de la reunión pueden reforzar la apariencia de respaldo institucional a una iniciativa académica privada; Gómez sostiene, en cambio, que se explicó por las restricciones de la pandemia.
La activación acelerada de la estructura universitaria. La instrucción pone el foco en el papel de responsables de la UCM durante la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. El testimonio recogido del entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio, según la prensa, atribuye instrucciones para crear una cátedra para “la mujer del presidente”, lo que el juez interpreta como un posible indicio de trato diferenciado.
Los apoyos empresariales y la red de relaciones. Peinado vincula la cátedra con patrocinadores como Google e Indra, empresas que mantenían relaciones con la Administración General del Estado. La hipótesis judicial es que la red de contactos generada alrededor de Gómez y su posición pública pudo facilitar la captación de colaboraciones; demostrar que existió una influencia indebida, efectiva y causal será una cuestión central del juicio.
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