El pescado en lata, cuando sustituye para siempre a aprender a pescar, termina fabricando dependencias. Y quizá por eso ha llegado el momento de hacer una pregunta bastante menos sentimental y bastante más incómoda: ¿quién vigila a quienes administran nuestra solidaridad?
Porque cuando un ciudadano entrega diez euros después de ver una casa inundada no está comprando una participación en una gigantesca institución humanitaria. Cree estar ayudando a la mujer que perdió la cocina. Al hombre que perdió la furgoneta. Al autónomo que vio desaparecer treinta años de trabajo bajo metro y medio de barro. Ayudar no debería conceder inmunidad. Ni moral. Ni económica. Ni mediática.
Una ONG puede realizar un trabajo extraordinario y, precisamente porque administra dinero de particulares, empresas y administraciones públicas, debe aceptar que alguien pregunte cuánto entró, cuánto salió, cuándo salió, a quién llegó y cuánto costó hacerlo llegar. Eso no es atacar la solidaridad. Es defenderla.
Vamos a la DANA valenciana del 29 de octubre de 2024.
Cruz Roja Española recaudó 115 millones de euros en donaciones para su Plan de Respuesta: 48 millones procedentes de particulares, 58,7 millones de empresas y fundaciones, 5,5 millones de otras sociedades nacionales de Cruz Roja y 2,8 millones de administraciones públicas. Según el balance detallado que hizo público el 27 de octubre de 2025, había ejecutado entonces 61,5 millones, el 54% del total recibido. La explicación de la organización es importante: el programa fue diseñado desde el principio como un plan a tres años, por lo que el dinero no debía gastarse íntegramente durante los primeros doce meses.
Hasta ahí, datos. No sospechas. Y hay más.
De esos fondos, Cruz Roja declaró haber destinado más de 9,2 millones a la respuesta inmediata; 31.087.259 euros a 22.673 tarjetas monedero para familias especialmente vulnerables; más de 12,14 millones en 2.547 ayudas económicas destinadas a negocios y recuperación del empleo; y más de 3,7 millones a la entrega de 14.510 electrodomésticos.
También aseguraba haber atendido a más de 143.000 personas y realizado alrededor de 490.000 asistencias. Bien. Entonces la pregunta correcta ya no puede ser: ¿Dónde están los 115 millones? Porque sabemos dónde está, al menos contablemente, una parte importante de ellos, y sabemos que otra permanecía pendiente de ejecución dentro de un programa plurianual.
La pregunta buena es otra. ¿Podemos seguir el dinero? ¿Podemos saber, con suficiente detalle, municipio por municipio, cuántas familias lo recibieron? ¿Qué criterios determinaron quién entraba y quién se quedaba fuera? ¿Cuánto se destinó a estructura y gestión? ¿Cuánto a personal? ¿Cuánto a proveedores? ¿Cuánto terminó convertido directamente en una nevera, una cama, una reparación, un negocio reabierto o dinero en manos del damnificado? Ahí debería empezar el debate. Y aquí aparece otra cifra necesaria para comprender de qué estamos hablando.
En 2024 Cruz Roja Española declaró un valor económico generado superior a 1.114 millones de euros. Ese mismo ejercicio contabilizó aproximadamente 331 millones en subvenciones del Estado y casi 83 millones procedentes de comunidades autónomas.
No son cifras de la DANA. No deben mezclarse.
Pero sirven para entender que estamos ante una organización de una dimensión económica extraordinaria y que, precisamente por ello, la exigencia de transparencia también debe ser extraordinaria. Cruz Roja dispone de portal de transparencia, cuentas e informes de auditoría publicados. Perfecto. Entonces nada de hogueras fáciles. Papeles. Facturas. Auditorías. Destinatarios anonimizados cuando corresponda. Costes de estructura. Contratos. Proveedores. Calendarios de ejecución. Eso debería ser el verdadero homenaje a quien puso cinco, cincuenta o cincuenta mil euros pensando en Paiporta, Sedaví, Catarroja o Algemesí.
Pero tampoco caigamos en la comodidad de convertir a Cruz Roja en el único interrogado. Porque los 115 millones palidecen frente al conjunto del dinero movilizado después de la catástrofe. A 21 de septiembre de 2026, el Gobierno de España declaraba 16.600 millones de euros movilizados y 9.816 millones empleados. De ellos, 8.119 millones correspondían a ayudas y subvenciones abonadas; otros 807,8 millones a financiación o avales; y 888,5 millones a actuaciones directas.
El Consorcio de Compensación de Seguros declaraba haber tramitado el 99,6% de 251.815 solicitudes y abonado 4.628 millones. Más dinero. Más razones para preguntar. No menos. Porque la reconstrucción de Valencia no debería acabar convertida en una pelea de trincheras en la que cada partido pregunta únicamente por el dinero que gestionó el contrario. Carlos Mazón compareció otra vez el 21 de septiembre ante la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA. Gabriel Rufián volvió a interrogarle con extrema dureza sobre su actuación durante aquel 29 de octubre de 2024. Mazón evitó responder a buena parte de las preguntas amparándose en la existencia del procedimiento judicial y defendió que los tribunales no le atribuyen responsabilidad penal.
Es legítimo investigar qué ocurrió aquel día. Es imprescindible. Pero una comisión que pretende averiguar qué falló debería tener también valor para preguntar qué ocurrió después. Al día siguiente. Al mes siguiente. Al año siguiente. Y dos años después. ¿Quién recibió qué? ¿Cuánto tardó? ¿Qué sigue pendiente? ¿Qué obras siguen sin terminar? ¿Qué protección nueva existe ante la siguiente riada?
Porque Valencia ha vuelto a mirar al cielo. En septiembre de 2026 las lluvias descargaron otra vez cantidades extraordinarias. Regresaron inundaciones, cortes de transporte y rescates. Y con ellos regresó algo mucho más difícil de evacuar: la memoria de 2024.
Eso debería importar bastante más que decidir quién ganó la pelea televisada de una comisión parlamentaria. Y luego están las ONG internacionales. Las fotografías con chaleco. La acreditación al cuello. El proyecto. La subvención. La memoria justificativa. La jornada. El informe. El consultor. El intermediario. El comunicado. También aquí conviene cambiar caricaturas por números.
En 2025 la AECID resolvió tres grandes convocatorias de subvenciones para proyectos de cooperación, acción humanitaria e innovación por 84,5 millones de euros. Ese mismo año destinó 3 millones adicionales para acción humanitaria en Palestina, distribuidos mediante proyectos de Acción contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad, Cruz Roja Española, Médicos del Mundo y Save the Children. ¿Significa eso que las ONG sobran? No.
Y conviene decirlo con la misma claridad con la que exigimos sus cuentas. Hay voluntarios que se meten en el barro mientras los demás corren en dirección contraria. Médicos que trabajan donde no querríamos pasar una noche. Cooperantes que arriesgan su vida. Personas que reparten comida. Que rescatan ancianos. Que atienden niños. Que reconstruyen pequeños negocios. Que escuchan durante horas a quien acaba de perderlo todo. Ellos no son el problema. El problema aparece cuando entre quien entrega un euro y quien necesita ese euro comienzan a crecer los peldaños: La oficina. La estructura. El proyecto. La subvención. El intermediario. El intermediario del intermediario… Y llega un momento en que la solidaridad corre el peligro de parecerse demasiado a una administración paralela.
Ésa es la verdadera ONG DE CORBATA Y SOMBRERO.
No el voluntario. No el médico. No quien reparte agua. Sino cualquier organización —humanitaria, política, empresarial o administrativa— que un día llegue a convencerse de que sus buenas intenciones son suficientes para no tener que explicar sus cuentas. Por eso mi pregunta a Cruz Roja no es una acusación. Es mucho peor. Es una pregunta. Entraron 115 millones. Doce meses después se habían ejecutado 61,5. Enséñennos, hasta el último nivel de detalle compatible con la protección de los beneficiarios, cómo aquellos euros se fueron convirtiendo en ayuda. Y enséñennos ahora cómo continúa transformándose el resto. Pero no se detengan ahí. Hagamos exactamente la misma pregunta al Gobierno de España. A la Generalitat. A los ayuntamientos. A las diputaciones. A las fundaciones. A las empresas. A las otras ONG.
A todos los que levantaron un cartel pidiendo dinero cuando Valencia estaba cubierta de barro. ¿Cuánto recibiste? ¿Qué hiciste con ello? ¿A quién ayudaste? ¿Cuánto costó ayudarle? Cuatro preguntas. Sin ideologías. Sin chalecos. Sin corbatas. Sin sombreros. Porque la solidaridad no se audita para desacreditarla. Se audita para impedir que alguien pueda vivir de ella mientras otros todavía intentan volver a vivir después de la tragedia.
pedro de aparicio y pérez de Lucentis…